Numerosos sectores políticos y sociales se han opuesto a la renovación del contrato con LUMA, alegando los frecuentes apagones y las subidas en el precio de la luz.
En los últimos días, distintos colectivos han protagonizado varias manifestaciones en San Juan para exigir la cancelación del contrato.
El presidente del LUMA, Wayne Stensby, afirmó que la extensión permite a la compañía «continuar trabajando para transformar y mejorar el sistema eléctrico en la Isla, mientras se reestructura la deuda de la AEE».
Consciente del descontento, el gobernador recordó que aún con esta extensión, se puede cancelar el contrato si LUMA incumple sustancialmente con sus obligaciones.
El contrato, que expiraba el miércoles, cuando fue avalado por la Junta de la Autoridad de Energía Eléctrica (AEE) por cuatro votos a favor y uno en contra, tras su aprobación previa por la Autoridad para las Alianzas Público-Privadas (AAPP).
«La extensión del acuerdo suplementario obliga a LUMA a continuar administrando y mejorando el sistema de transmisión y distribución de energía en Puerto Rico hasta tanto la Autoridad de Energía Eléctrica (AEE) complete su proceso de reestructuración de deuda», explicó en un comunicado el gobernador Pedro Pierluisi.
Las autoridades defienden que la cancelación del contrato tendría implicaciones negativas económicas para Puerto Rico, con unos costos estimados de entre 300 y 600 millones de dólares, que la isla, recién salida de la bancarrota, no puede asumir.
Además, el presidente de la Junta de Directores de la AAPP, Omar Marrero, indicó que es esencial que LUMA permanezca para encaminar la reestructuración de la deuda de la AEE, que asciende a 9.000 millones de dólares.
«Sin LUMA, el nombramiento de un síndico es altamente probable. Este síndico tendría la facultad de ejercer el derecho de solicitar aumentos tarifarios en cantidades suficientes para pagar la deuda de la AEE en su totalidad», señaló.
