El gobernador de Puerto Rico, Pedro Pierluisi, presentó un presupuesto para el próximo año fiscal que supera en 233 millones de dólares al establecido por la institución de control impuesta por Washington para supervisar al Ejecutivo local a causa de la deuda, por lo que habrá que esperar la respuesta de la entidad federal.
Pierluisi, en su primer mensaje de cuentas públicas desde que llegó al cargo en enero, argumentó que el presupuesto preparado por el ente fiscal se queda corto en áreas clave.
«El presupuesto de la Junta de Supervisión Fiscal (JSF) se quedó corto en varias áreas. Confío en que darán paso (a las nuevas cuentas) para lograr el presupuesto que necesitamos», resaltó en su discurso ante la Cámara de Representantes, donde legisladores de oposición mostraron pancartas con mensajes en desacuerdo con el Gobierno.
Los legisladores protestaban contra el contrato de LUMA Energy, empresa que asumirá parte de las funciones de la estatal Autoridad de la Energía Eléctrica (AEE), y contra los recortes en municipios.
Pierluisi presentó un presupuesto que alcanza los 10.345 millones de dólares, que supera los 10.112 millones aprobados por la JSF para el año fiscal 2021.
PLAN QUE ENMIENDA EL PRESUPUESTO DE ENTIDAD FEDERAL
Junto al presupuesto añadió un plan que enmienda la cifra de la entidad federal de control.
La JSF es la entidad que impuso Washington para precisamente supervisar las cuentas públicas del Ejecutivo local tras el impago de la deuda en 2016, por lo que hay que esperar a conocer su reacción.
La JSF tiene la última palabra sobre si da por buenas las modificaciones o mantiene su presupuesto.
«La resolución de presupuesto sometida por la JSF destina la cantidad 10.112 millones al Fondo General. La Resolución enmendada que yo les estoy sometiendo aumenta esa asignación a 10.345 millones. Es un aumento prudente y razonable», sostuvo.
LOS CAMBIOS DE PIERLUISI NO CUMPLÍAN CON NORMATIVA
La JSF había presentado el pasado día 11 su presupuesto tras concluir que los cambios más recientes propuestos por Pierluisi no cumplían con las disposiciones de la ley federal Promesa, aprobada en el Congreso de EE. UU. para abordar el asunto de la deuda.
«Es imprescindible que tengamos un presupuesto justo y balanceado que atienda debidamente nuestras necesidades y aspiraciones», resaltó Pierluisi para justificar el aumento.
En su propuesta, el gobernador incluyó un programa de primeras oportunidades de empleos para jóvenes, con un presupuesto de 10 millones, y que se restituyan 10 millones adicionales al presupuesto del Departamento de Desarrollo Económico.
Argumentó que el presupuesto debe proveer las transferencias a los municipios «sin recortes adicionales», manteniendo el apoyo fiscal de 132 millones.
Después de definir a la Universidad de Puerto Rico (UPR) como «un eje vital de nuestro desarrollo socioeconómico», el gobernador reiteró su oposición a recortes adicionales al centro educativo proponiendo que se le mantenga su asignación anual en la suma de 560 millones.
LAS CARRETERAS, AFECTADAS
Recordó que la JSF propuso recortes que afectan directamente al mantenimiento adecuado a las carreteras, en concreto al Departamento de Transportación y Obras Públicas (DTOP), lo que catalogó de «un grave error», por lo que pidió 23,7 millones para esa agencia.
Reconociendo la labor que realizan los oficiales de custodia del Departamento de Corrección y Rehabilitación (DCR), propuso que sus salarios sean equiparados a los de los policías estatales. Para lograr este objetivo, solicitó que sean aprobados 15 millones.
Por otra parte, y ante los recortes propuestos por la JSF para los Departamentos de Familia y de Justicia, el gobernador asignó 3,2 millones adicionales a la primera agencia y 2,8 millones adicionales para la segunda, con el objetivo de garantizar los servicios que ofrecen.
En cuanto al Departamento de Salud, sostuvo que el presupuesto sometido por la JSF se quedó corto, por lo que añadió en su propuesta 5 millones para cubrir gastos de nómina.
Además, informó de la asignación de 1,2 millones al Centro Cardiovascular de Puerto Rico y el Caribe.
Incluyó también una partida de 7 millones para cumplir con los servicios que necesita la población con discapacidad intelectual.
Subrayó que además se tienen que incluir fondos para complementar el trabajo de la comisionada residente en Washington, Jenniffer González Colón, y de la Administración de Asuntos Federales de Puerto Rico (PRAFAA, en inglés).
