San Juan. – La Junta de Supervisión Fiscal (JSF) del país, entidad establecida por Washington para controlar la política presupuestaria del Ejecutivo de San Juan, anunció el 10 de febrero que llegó a un acuerdo, en principio, con varios grupos de acreedores para reducir la deuda de la isla a niveles sostenibles luego de un proceso de mediación exitoso.
«Puerto Rico necesita dejar atrás la reestructuración de la deuda tan pronto como sea razonablemente posible, con un acuerdo que sea sostenible para la isla», expresó el presidente de la Junta de Supervisión, David Skeel, a través de un comunicado.
«Lo que logramos en este punto es una propuesta realista que abrirá un camino hacia la recuperación de la bancarrota, e informamos al Tribunal de Distrito de los Estados Unidos para el Distrito de Puerto Rico de nuestro acuerdo», subrayó.
«Nuestro objetivo es presentar un plan de ajuste consensuado para el Estado Libre Asociado de Puerto Rico que incluya a tantos acreedores como sea posible», dijo Skeel.
La JSF pidió al tribunal que extendiera el plazo hasta que se presente un plan de ajuste modificado, del 10 de febrero hasta el 8 de marzo próximo.
«Con el apoyo del equipo de mediación designado por el tribunal, solicitamos que el tribunal conceda más tiempo para continuar el proceso de mediación, establecer los términos acordados en un acuerdo de apoyo al plan y conseguir mayor apoyo entre los grupos de acreedores para un plan de ajuste justo y asequible, que permita que la economía de Puerto Rico crezca y que el pueblo de Puerto Rico prospere», expuso Natalie Jaresko, directora ejecutiva de la JSF.
La JSF sometió el acuerdo a la jueza federal responsable del caso, Laura Taylor Swain.
El acuerdo fue alcanzado con acreedores que tienen derecho a más de 7.000 millones de dólares en bonos de Obligaciones Generales (OG) y de la Autoridad de Edificios Públicos (AEP).
El gobernador de Puerto Rico, Pedro Pierluisi, reaccionó al anuncio para señalar que los términos económicos del acuerdo alcanzado por la JSF y un grupo de acreedores son factibles.
La JSF quedó establecida cuando el Congreso y el Gobierno de Estados Unidos entendieron que Puerto Rico, que durante décadas había sacado adelante sus cuentas públicas emitiendo deuda, iba a ser incapaz de cumplir con sus acreedores, lo que amenazaba con litigios judiciales de consecuencias impredecibles.
El 30 de junio de 2016, el entonces presidente, Barack Obama, firmó para convertir en ley el proyecto conocido por su acrónimo de Promesa, en el que el Congreso federal trabajó meses para rescatar a la isla, sin liquidez para pagar una deuda que llegó a alcanzar los 72.000 millones de dólares.
