auditoría

San Juan, Puerto Rico.– El presidente de la Cámara de Representantes, Rafael ‘Tatito’ Hernández, informó este domingo que dicho cuerpo delegará una auditoría financiera forense de todas las Alianzas Público-Privadas (APP), incluyendo la de LUMA Energy.

En un comunicado, el líder cameral adelantó que el 15 de agosto próximo la Cámara Baja realizarán una audiencia pública con el fin de investigar a fondo la situación financiera de las APP.

«Más allá del cumplimiento contractual, lo que vamos a hacer es una auditoría financiera forense que certifique que los números que brindó el contratando son los correctos, incluyendo la base de sus datos financieros», explicó Hernández en la nota.

«Que no le quepa la menor duda a estas corporaciones de que investigaremos a fondo, y si en el proceso descubrimos que están usando dinero federal no reembolsable para su operación, para luego reclamar sus déficits al Gobierno o hicieron algún movimiento ilegal, tendrán que devolver hasta el último centavo de su propio pecunio», advirtió.

Hernández indicó además que, para esta investigación, contratarán personal externo con el peritaje para realizar las auditorías que se centrarán, sin limitarse, en los asuntos financieros y operacionales en el manejo y administración de los contratos de todas las APP suscritas por el Gobierno.

«Vamos a identificar el origen y el impacto causado por todo acto delictivo o negligencia», aseguró.

De esta manera, «los puertorriqueños, los que pagamos por sus servicios, podremos identificar a los responsables que se esconden detrás de la burocracia gubernamental o corporativa para que se tomen todas acciones legales aplicables y se acabe la impunidad», añadió.

Según Hernández, desde la primera privatización, que fue la del Aeropuerto Luis Muñoz Marín, las APP, incluyendo LUMA Energy, no han hecho ninguna auditoría financiera forense.

«Esto denota una seria ineficiencia por parte del Gobierno para fiscalizar correctamente el uso de los fondos federales asignados, y pudiera implicar que estas corporaciones tengan que devolver los fondos o que estas asignaciones sean descontinuadas», sostuvo.

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