San Juan, Puerto Rico.- El FBI detuvo este jueves al alcalde de Guaynabo y presidente de la Federación de Alcaldes de Puerto Rico, Ángel Pérez Otero, por corrupción pública, una lacra muy arraigada en la isla y de la que recientemente se han destapado varios casos.
Pérez Otero, del Partido Nuevo Progresista (PNP) y que ocupaba el cargo desde 2017, fue arrestado en su hogar por agentes del Buró Federal de Investigaciones (FBI, por sus sigla en inglés).
Está acusado de conspiración para cometer soborno y pago de comisiones ilegales con fondos federales, ayuda y asistencia en la comisión del delito de soborno y extorsión mediante uso de derecho oficial, tres cargos que conllevan en total una pena máxima de 35 años de cárcel.
Tras conocerse estos cargos, la Oficina del Panel del Fiscal Especial Independiente suspendió a Pérez Otero y urgió a despojarlo de cualquier propiedad municipal.
FIANZA DE 10.000 DÓLARES
El juez federal para el Distrito de Puerto Rico, Bruce J. McGivering, le impuso una fianza de 10.000 dólares asegurados por los cargos de corrupción imputados.
La audiencia de acusación fue pautada para el 23 de diciembre, en la que el también presidente de la Federación de Alcaldes deberá informar a la corte su alegación de no culpabilidad o culpabilidad.
El jefe de la Fiscalía federal, W. Stephen Muldrow, detalló en rueda de prensa que Pérez Otero se reunía en secreto con una persona que le pagaba 5.000 dólares en efectivo mensuales en sobornos y «kickbacks», a cambio de mantener vigentes ciertos contratos con el municipio.
Según el pliego acusatorio, el alcalde recibió esos pagos desde el 2019 hasta mayo de este año, con una única interrupción en agosto de 2020, cuando dos representantes de la Cámara fueron arrestados por sobornos.
«Cuando fue una acusación contra una persona que trabaja en la Cámara de Representantes, eso causó una pausa para pensar que tuvo que ser más cauteloso con sus acciones, pero ese temor no duró mucho», explicó Muldrow.
NUMEROSAS EVIDENCIAS
La Fiscalía Federal cuenta con varias piezas de evidencia que incluye llamadas telefónicas, grabaciones en vídeo de los pagos de soborno, mensajes de texto, contratos gubernamentales, facturas para pagos de contratos públicos, testimonio de testigos y cheques emitidos por el municipio de Guaynabo.
También hay fotografías, algunas las cuales fueron divulgadas en esta jornada y en las que se ve al alcalde en un vehículo estacionado con otro individuo quien le entrega un sobre que presumiblemente tiene dinero en efectivo adentro.
Los agentes del FBI también arrestaron a Redames Benítez Cardona, ayudante ejecutivo del alcalde de Trujillo, quien se declaró no culpable de conspiración para recibir sobornos y comisiones ilegales, soborno con programas federales y extorsión mediante uso de derecho oficial.
Este esquema de corrupción es prácticamente idéntico al que admitió el exalcalde de Cataño, Félix Delgado Montalvo, quien la semana pasada renunció al cargo y se declaró culpable de recibir pagos en efectivo a cambio de adjudicar contratos a una empresa.
Joseph González, el agente especial a cargo del FBI en Puerto Rico, expresó su esperanza de que «la cooperación siga» para poner fin a la lacra de la corrupción gubernamental en la isla.
«Mientras la información siga entrando, nosotros seguimos limpiando la casa. La semana pasada estuvimos aquí y pensamos que el mensaje estaba claro. Esto solo comienza», advirtió.
CONDENA UNÁNIME
Tras los arrestos, el gobernador de Puerto Rico, Pedro Pierluisi, prometió este jueves «combatir la corrupción» en la administración pública y calificó las acciones de Pérez Otero de «deshonrosas y repudiables».
«Esto es inaceptable y les garantizo que seguiré poniendo todos los recursos del gobierno para combatir la corrupción y cooperando con las autoridades federales para que todo el que falle tenga que pagar hasta las últimas consecuencias», aseguró en un comunicado.
El gobernador, del mismo partido político del detenido, el PNP, dijo sentirse «defraudado» y advirtió que no descansará hasta que todos los corruptos «estén fuera del gobierno y del partido».
Por su parte, el presidente de la Asociación de Alcaldes de Puerto Rico, Luis Javier Hernández, señaló que «hay que reformular el andamiaje legal y administrativo para reforzar la defensa de los fondos públicos y prevenir la corrupción».
Desde los otros dos partidos políticos de la isla también se manifestaron. Mientras el Partido Independentista Puertorriqueño subrayó que «es hora de limpiar la casa», el Partido Popular Democrático afirmó que «la corrupción no tiene cabida en el servicio público».
También la comisionada residente de Puerto Rico en la Cámara de Representantes de los Estados Unidos, Jenniffer González Colón, denunció que es «repugnante y una vergüenza» estos esquemas de corrupción: «Puerto Rico no se merece un caso más, esto tiene que parar».
