San Juan, (EFE).- La gobernadora de Puerto Rico, Wanda Vázquez, convirtió en ley un proyecto del Senado para enmendar la Ley del Departamento de Seguridad Pública de Puerto Rico con el fin de que el comisionado del Negociado de la Policía de la isla establezca una Unidad de Crímenes Contra la Mujer y Violencia Doméstica, adscrita a las fuerzas de seguridad.
Igualmente, firmó la Resolución Conjunta del Senado 574 para que se garanticen los servicios de energía eléctrica y de agua a las víctimas de violencia doméstica, aunque tengan una deuda pendiente de pago a su nombre, según un comunicado difundido por la oficina de la gobernadora.
«Hay alternativas y recursos en el Gobierno para que las mujeres y víctimas de violencia doméstica sean atendidas y reciban la ayuda que necesitan. Con estas medidas que firmamos hoy reforzamos esas herramientas para poder atender estas situaciones», indicó la primera ejecutiva.
Vázquez firmó las medidas junto con la autora de estas, la senadora Itzamar Peña, quien agradeció a la gobernadora por estampar su firma, tanto en el Proyecto como en la Resolución Conjunta.
Anteriormente, los delitos se atendían en cualquier unidad dentro de la Policía, por lo que creaba un desfase en cuanto a la información y las estadísticas. Ahora, con los recursos de la Policía por área específica, se atiende esta problemática.
El Proyecto del Senado 1213 dispone que se consolidará la investigación de los delitos perpetrados contra mujeres, incluyendo el asesinato, homicidio, agresión sexual, violencia doméstica, desaparición y secuestro, entre otros, de manera que se aceleren las investigaciones, se garanticen mejores servicios y se logre mayor certeza en el esclarecimiento y análisis estadísticos de los mismos. Esta unidad contará con personal especializado.
Actualmente, el Negociado de la Policía recopila información estadística de crímenes donde la víctima es mujer. Dichos crímenes se catalogan como violencia doméstica, robos, peleas, pasional, drogas y otros.
Sin embargo, en cuanto a los crímenes cometidos contra las mujeres, en la actualidad existen diferentes divisiones dentro del Negociado de la Policía que intervienen en procesos de las investigaciones, procesamiento, recopilación y análisis estadísticos, entre otros. La separación ocasiona dilación de los casos, dificulta el tener certeza de la información, al tiempo que obstaculiza el acceso a más y mejores servicios en favor de la víctima.
En cuanto a la Resolución Conjunta del Senado 574, el comunicado detalla que muchas víctimas de violencia doméstica que se refugian en albergues, cuando salen y tratan de establecer un nuevo hogar, no podían instalar los servicios de electricidad ni de agua por tener deudas pendientes a pagar en su casa anterior.
Con esta ley, no se les puede negar el servicio por parte de la Autoridad de Energía Eléctrica (AEE) y la Autoridad de Acueductos y Alcantarillados (AAA).
La medida ordena que la AAA y la AEE garanticen los servicios de agua potable y de energía eléctrica para las víctimas de violencia doméstica que estén refugiadas.
Esta medida dispone que se les garanticen los servicios, aunque tengan una deuda pendiente a nombre de la víctima.
Esta garantía sería mientras se encuentre en proceso de ser reubicada en una vivienda.
