La Universidad de Puerto Rico (UPR) ha perdido un 52 % del presupuesto que recibía del Gobierno central en los pasados cinco años, dijo esta semana la presidenta interina de la institución académica, Mayra Olavarría.
«Ante esta realidad, la Universidad ha sido proactiva en generar ingresos externos y en realizar las transformaciones institucionales necesarias para continuar brindando un servicio de calidad», dijo Olavarría durante una visita pública en la Cámara de Representantes.
Olavarría discutió el presupuesto de la UPR para el año fiscal 2022-2023, que será de 621 millones de dólares.
Pese al recorte presupuestario, Olavarría destacó algunas aportaciones de la UPR, como el que el Recinto de Ciencias Médicas cuenta con un programa para médico indigentes que ofrece atención especializada a más de 27.000 pacientes participantes del plan de salud gubernamental anualmente.
No obstante, según dijo Olavarría, en los últimos años, este programa ha sufrido recortes significativos «y aunque se visualiza un aumento en la aportación gubernamental al mismo, no es suficiente para parear el costo que representa para la Universidad».
Igualmente, Olavarría destacó que el Recinto de Mayagüez es responsable por la Red Sísmica de Puerto Rico y la Red de Movimiento Fuerte que durante 24 horas al día los 365 días del año monitorea los movimientos sísmicos que pueden afectar a la isla y el Caribe.
«En los eventos telúricos sufridos hace dos años, su papel fue vital para evitar una catástrofe mayor al mantener informada a la población durante el periodo sísmico», destacó.
Olavarría también destacó la importancia del Recinto de Río Piedras por ser el depositario de la mayor colección de libros de Derecho y Literatura del Caribe y donde alberga el principal museo antropológico de la isla.
Antes de concluir su ponencia, Olavarría reveló cómo los recortes impuestos por los planes fiscales aprobados en los pasados años han puesto en riesgo la estabilidad del sistema de la UPR.
«Los recortes presupuestarios han arrastrado a la Universidad a una situación fiscal precaria que ha redundado en un aumento del costo de estudio y han afectado las condiciones laborales de los trabajadores de la institución», alertó.
«Solicitamos que, así como legisladores del siglo XX se aseguraron de que Puerto Rico tuviera su Universidad, nuestros legisladores, hoy, se aseguren de que nuestro pueblo siga teniendo su Universidad», apuntó.