San Juan, Puerto Rico.- El legislador puertorriqueño José Rivera Madera, quien fue detenido junto a otras dos personas este miércoles en una protesta en el sur de Puerto Rico por la instalación de una torre de telecomunicaciones, fue dejado en libertad, dijo la Policía.
Según detallaron las autoridades en un informe, un fiscal de turno instruyó que Rivera Madera fuera dejado en libertad.
El caso será llevado al Departamento de Justicia para la posible determinación de cargos.
Rivera Madera, del opositor Partido Popular Democrático, fue detenido junto a otros dos hombres identificados como Jimmy Borrero Costa y Manuel Díaz Pérez en una manifestación llevada a cabo en la madrugada de este miércoles en la carretera 335 del barrio Indios en el municipio de Guayanilla.
De acuerdo con la Policía, Rivera, Borrero y Díaz «se encontraban interfiriendo en la construcción que allí se lleva a cabo», específicamente por una torre de comunicaciones de 130 pies (39 metros) que ubicará la compañía Elite Towers LLC, colindante con varias residencias.
En el caso de Borrero y Díaz, estos continúan bajo la custodia de la Policía y está siendo consultado ante el fiscal de turno.
A mediados de abril pasado, la senadora María de Lourdes Santiago Negrón y el representante Denis Márquez Lebrón, del Partido Independentista Puertorriqueño (PIP), sometieron las resoluciones del Senado 769 y 978 de la Cámara, que ordenan una investigación sobre el proceso de instalación y permisos de la torre.
Las medidas establecen que vecinos del área y líderes comunitarios «han expresado su oposición al establecimiento de dicha torre de telecomunicaciones porque pone en peligro la seguridad y la salud de residentes colindantes, y de las familias que utilizan la cancha bajo techo Aleida Ramírez González».
Además, según los líderes comunitarios, hay residentes dentro del radio de 100 metros medidos desde la torre de telecomunicaciones, que no fueron notificados por el proponente durante el proceso de permisos.
Durante años, se han multiplicado las comunidades en Puerto Rico que han denunciado irregularidades en la entrega de permisos a la construcción de las torres de telecomunicaciones, y que reclaman que se apruebe una nueva ley que proteja a las personas y propiedades.
