Ante la expectativa de que la jueza federal Laura Taylor Swain decida en los próximos días si confirma o no el Plan de Ajuste del Gobierno Central de Puerto Rico para la Restructuración de la Deuda (PDA) en el territorio estadounidense, sectores en contra continúan la movilización en las calles por considerar que el marco legal aprobado en el Capitolio no garantiza los servicios esenciales para los boricuas, y tampoco descarta las 21 emisiones de bonos ilegales.
La Legislatura en Puerto Rico aprobó a finales de octubre, con varios votos disidentes, incluso por parte de miembros de los partidos de mayoría, el Popular Democrático y el Nuevo Progresista, la ley habilitadora (Ley 53) para que la Junta de Control Fiscal, creada bajo la ley federal PROMESA, proceda con el ajuste.
Dicho plan está ante la consideración de Taylor Swain, quien convocó a audiencias en el Tribunal Federal, en Hato Rey, el 8 de noviembre.
En las vistas, Taylor Swain, también presidenta del Tribunal Federal en el Distrito Sur de Nueva York lidera el proceso de renegociación de la deuda de Puerto Rico e interpreta la Ley 53 aprobada en el Capitolio.
Previo a la aprobación del estatuto, la jueza convocó a sus contrapartes, el Ejecutivo y el Legislativo, para sentarse a la mesa y renegociar los términos, tras semanas de tranque en las cámaras legislativas.
La Junta, entidad compuesta por funcionarios no electos por los puertorriqueños, son los que paradójicamente representan a los boricuas ante Taylor Swain. Sin embargo, se sortearon 25 puestos para que civiles depusieran ante la jueza sobre su sentir en cuanto al impacto a corto y a largo plazo del plan. De los convocados, solo siete acudieron.
Eva Prados, abogada de derechos humanos y portavoz del Frente Ciudadano para la Auditoría de la Deuda, cuestionó que la jueza no permitiera el ingreso de otros deponentes del pueblo como parte del proceso ante la ausencia de los convocados. Según indicó a El Diario de Nueva York, aunque pidió un turno no le fue concedido, ya que no estaba entre las seleccionadas a través del sistema de lotería.
Desde que trascendió que la ley 53 sería finalmente aprobada en el Capitolio, varios grupos que incluyen el Frente Amplio en Defensa de la Educación Pública, el Frente en Defensa de las Pensiones y el Partido Independentista Puertorriqueño, se manifestaron en el exterior de la casa de las leyes en reclamo de un plan más vinculante y que impusiera más límites a la Junta.
Al mismo tiempo, los distintos campus del sistema de la Universidad de Puerto Rico (UPR) permanecen en paro en repudio a la reducción en su presupuesto a $500 millones por los próximos cinco años.
Anticipan nuevos planes de austeridad que implicarían más recortes en el presupuesto de las agencias, así como una nueva quiebra en un par de años.
Entre los principales argumentos de los detractores del plan es que gran parte de la deuda se emitió de manera ilegal, por lo que esa parte debe ser cancelada. Ya que la Constitución dispone que no se puede emitir una deuda cuyo el pago anual supere el 15% del presupuesto. Además, el Informe de la Junta de Control Fiscal confirmó irregularidades en emisión de bonos.
La eliminación de recorte de 8.5% a las pensiones
En un tema que dividió menos a la Legislatura al momento de aprobar la Ley 53, la Junta acordó la eliminación del recorte de 8.5% a las pensiones de $1,500 o menos al mes.
Sin embargo, el presidente de la Cámara de Representantes, Rafael “Tatito” Hernández, reconoció que el acuerdo no beneficia a otros grupos como jueces y maestros, que según dijo, deben ser ellos, los que planteen su reclamo directamente al tribunal.
Sobre el impacto en la UPR, la fórmula del 9.6%, precisamente, se le quitó la Universidad porque el Gobierno no podía cumplir con las asignaciones de presupuesto que la aplicación de esta conllevaba.
Para otros, como el senador independiente, Luis Vargas Vidot, el Plan de Ajuste de la Deuda fue un proyecto domesticado por la mayoría legislativa sin provisiones para la recuperación fiscal a largo plazo de la isla. El exactivista comunitario además cuestionó el hecho de que el plan compromete los fondos excedentes.
En ese contexto, el senador rechazó la posibilidad de que Taylor Swain resuelva con prontitud el debate y confirme el plan.
“La jueza sabe que aprobar ese plan sin tener en el plan fiscal un dinero excedente, ella sabe que va a provocar en tres o cuatro años una nueva deuda y va a provocar una nueva Junta, y va a provocar que estemos bajo una sindicatura permanentemente. Ella lo que quiere es salir de eso y no va a salir de la forma más vergonzosa”, puntualizó.
En la continuación el pasado miércoles de las audiencias que se llevan a cabo por vía virtual y telefónica se dedicaron unas cuatro horas para discutir el alcance de la Ley 53.
La Mesa de Diálogo Martin Luther King, Jr. y Todos Somos Pueblo convocaron al “Encuentro Ecuménico por un Acuerdo Justo” a partir de las 6 p.m. en la Avenida Chardón frente al Tribunal Federal.
El proceso de audiencias deberá culminar este próximo 22 de noviembre.
