San Juan, Puerto Rico.– Varias organizaciones exigieron este martes al Tribunal Supremo de Estados Unidos que incluya a Puerto Rico en el programa de Seguridad de Ingreso Suplementario (SSI, en inglés), cuya exclusión actual es evaluada por el tribunal.
La corte examina hoy en una audiencia oral la controversia de que los beneficios del SSI solo sean disponibles para ciudadanos residentes en sus 50 estados y en las Islas Marianas del Norte, pero no en otros territorios como Puerto Rico, Guam y las Islas Vírgenes Estadounidenses.
«Hemos visto de primera mano cómo el Gobierno federal discrimina hasta el nivel más alto contra los puertorriqueños pese a ser ciudadanos estadounidenses», dijo en rueda de prensa frente al Tribunal Supremo en Washington Frankie Miranda, presidente de la Federación Hispana.
Esta exclusión del SSI, que tiene su origen en el mismo decreto del Congreso estadounidense que creó el programa en 1972, vuelve a estar de actualidad por el caso del puertorriqueño José Luis Vaello-Madero.
Este hombre residía en Nueva York y contaba con una ayuda mensual de 586 dólares del SSI, un pago que continuó recibiendo cuando se mudó a Puerto Rico en 2013.
Sin embargo, cuando el Gobierno federal supo tiempo después que Vaello-Madero residía en Puerto Rico, la Administración del Seguro Social le reclamó la devolución de los 28.810 dólares recibidos desde su traslado a la isla.
«Nada ha cambiado en la vida de Vaello-Madero, excepto que se mudó para Puerto Rico», una isla que tiene el estatus de Estado Libre Asociado de EE.UU., criticó Miranda.
El SSI es un programa federal que provee beneficios adicionales al Seguro Social para personas ciegas, con necesidades especiales o mayores de 65 años que cumplen con ciertos límites económicos.
El presidente de Estados Unidos, Joe Biden, anunció el pasado junio que su Ejecutivo seguirá defendiendo ante el Supremo la ley que excluye a Puerto Rico de este programa federal -tal y como hizo su predecesor, Donald Trump-, aunque reconoció que no encaja con las políticas y valores de su Administración.
Ante esta postura, Miranda subrayó en la rueda de prensa que «el turno es ahora para Biden, que reconozca que es injusta e inconstitucional esta situación».
«Esto no es un argumento legal, sino inconstitucional y de derechos humanos. Lo que exigimos es un trato justo para los puertorriqueños», agregó.
En marzo de 2020, el Primer Circuito de Apelaciones federales determinó que es inconstitucional -por violar la cláusula constitucional de igual protección de las leyes-, excluir a los residentes de Puerto Rico del SSI.
Por su parte, Kate Lang, de Justice in Aging -organización que lucha contra la pobreza de los ancianos- detalló que la exclusión de los puertorriqueños del programa «provoca más pobreza y rechazos discriminatorios».
Ante ello, Lang mencionó que según reveló el Instituto de Estadísticas de Puerto Rico en 2019, 26 % del grupo de personas mayores de 65 años viven en la pobreza y uno de cada seis puertorriqueños es discapacitado.
Asimismo, Kimberly Sánchez Ocasio, integrante de la Unión Internacional de Empleados de Servicio -uno de los sindicatos con mayor presencia de latinos en EE.UU.- mencionó que 400.000 puertorriqueños son elegibles para el SSI, lo que aseguró «disminuiría la pobreza en la isla y la emigración».
