San Juan, Puerto Rico. — Los activistas quieren regulaciones más estrictas para los alquileres de corto plazo en Puerto Rico, donde hay un número creciente de inquilinos desplazados y un aumento en los costos de la vivienda, según un informe publicado el miércoles por la Federación Hispana.
El número de unidades para alquileres de corto plazo en Puerto Rico saltó a más de 25.000 en 2022, desde unos 1.000 en 2014, según el informe encargado por la fundación.
Encontró que, si bien los alquileres a corto plazo crean empleos, atraen visitantes y generan más opciones de transporte, los inquilinos están enfrentando desalojos, el costo de los bienes ha aumentado en medio de una crisis económica y algunas áreas ecológicas han sido destruidas durante las nuevas construcciones.
“Esto ha llegado a un punto en el que los impactos son realmente palpables en Puerto Rico”, dijo en entrevista Charlotte Gossett Navarro, directora en jefe de la fundación en Puerto Rico.
Un factor clave en el aumento de los alquileres a corto plazo fue el huracán María, que azotó la isla en septiembre de 2017. Después, muchas personas emigraron al territorio continental de Estados Unidos, mientras que decenas de nuevos inversores llegaron a la isla para comprar casas y propiedades.
Eso llevó a una reducción en la disponibilidad y asequibilidad de la vivienda, dijo Gossett, y agregó que otros factores, incluida la pandemia, también son culpables.
Dulce del Río Pineda, que ha vivido 40 años en la isla de Culebra, justo al este de Puerto Rico, dijo que notó un gran cambio en el mercado inmobiliario en los últimos siete años con la afluencia de alquileres a corto plazo.
“Es un beneficio económico”, señaló. “A la misma vez, tenemos a nuestros jóvenes, sobre todo, que se encuentran sin una esperanza de poder adquirir su hogar. Es una manera de ir desvaneciendo nuestra comunidad”.
La exmaestra de educación especial de 64 años destacó que la desigualdad social también se ha vuelto más dramática. Algunas casas en Culebra, un popular destino turístico, ahora cuestan entre 4 y 8 millones de dólares.
Un día antes de la publicación del informe, Airbnb emitió un comunicado diciendo que apoya la “regulación inclusiva” de los alquileres a corto plazo.
La empresa de alquileres de corto plazo —responsable de la mayor parte de este fenómeno— también respaldó un proyecto de ley que pedía asignar el 5% de los ingresos por impuestos sobre las habitaciones a los municipios, pero los legisladores votaron en contra.
La compañía dijo que ha generado más de 70 millones de dólares en ingresos por impuestos para la isla.
