La Junta de Supervisión Fiscal (JSF) para Puerto Rico presentó su tercer plan de ajuste enmendado para reducir en casi un 80 % la deuda de la estatal Autoridad de Energía Eléctrica (AEE), que asciende a 10.000 millones de dólares.
Con esta reestructuración, se reduce el total de las reclamaciones presentadas por varios acreedores contra la AEE a unos 2.500 millones de dólares, excluyendo las obligaciones por pensiones, según la JSF
«Este tercer plan enmendado es realmente un gran avance», aseguró David Skeel, presidente de la JSF, el ente fiscal creado por el Congreso de EE. UU. para reestructurar la deuda pública de la isla.
Skeel explicó a través de un comunicado que, luego de «las negociaciones y mediaciones más intensas» en todo el proceso de reestructuración de la deuda de Puerto Rico, diseñaron un plan «con un apoyo sustancial de los acreedores que le permitirá a la AEE dar fin a su prolongada quiebra».
«Este plan brindará a los acreedores una recuperación justa dadas las difíciles circunstancias en las que se encuentra la AEE, pero sin sobrecargar al pueblo de Puerto Rico», agregó.
Los puertorriqueños han rechazado en numerosas protestas un plan de ajuste que suponga nuevas subidas en la factura eléctrica, debido a que el servicio se ha encarecido en los últimos dos años mientras continúan los apagones.
Según el plan, el cargo heredado estimado de la AEE para los abonados -excluyendo a los de bajos ingresos y bajo consumo- será de unos 8,71 dólares al mes, lo que supone un aumento del 5 % en la factura eléctrica general.
El presidente de la JSF señaló que esta reestructuración de la deuda es necesaria para que la AEE «pueda continuar siendo una empresa de servicios públicos sostenible».
También -añadió- para que continúe con las inversiones críticas y «complete la transformación del sistema energético para proveer energía fiable y apoyar el crecimiento económico y la estabilidad fiscal de Puerto Rico».
El pasado diciembre, la JSF presentó un primer plan de ajuste para reducir en un 48 % la deuda de la AEE, pero no logró el consenso de todos los acreedores.
El proceso para reestructurar la deuda de la entidad eléctrica está siendo largo y lento, desde que el Gobierno de Puerto Rico se declaró en quiebra en 2016.
En enero de 2022, se aprobó un plan de reestructuración de cerca del 80 % de la deuda del Gobierno central de la isla, que quedó reducida de 33.000 millones de dólares a 7.300 millones.
