El gobernador de Puerto Rico, Pedro Pierluisi, promulgó el 20 de junio una ley que otorga más derechos a los trabajadores del sector privado en la isla, desafiando a una junta de control federal que dijo que la medida sería considerada una violación de un estatuto federal.
“Esta nueva ley hace más atractivo y seguro entrar a la fuerza laboral en momentos en que la gran mayoría de las empresas están buscando empleados y en que necesitamos más trabajadores para adelantar la reconstrucción de Puerto Rico”, señaló Pierluisi, refiriéndose a los problemas que ha tenido la isla para recuperarse del paso del huracán María y de terremotos recientes.
La medida aumenta las prestaciones y el tiempo libre de los trabajadores del sector privado, incluso para los que sólo trabajan media jornada, y restablece la protección contra los despidos injustificados.
Las vacaciones de los empleados a tiempo completo aumentarán a 1,25 días por mes, mientras que los trabajadores de medio tiempo recibirán por primera vez medio día de vacaciones por mes y un día por enfermedad.
Además, las horas de trabajo acumuladas para tener derecho al tradicional bono de Navidad se reducen de 1.350 a 700 en las grandes empresas y a 900 en las pequeñas y medianas.
El periodo de prueba de los nuevos empleados se reduce a tres meses, y las horas extraordinarias que superen las 10 horas se pagarán a doble precio en los acuerdos de horario flexible o a tiempo y medio si no hay acuerdo de horario flexible.
Al promulgar la ley, Pierluisi desafió a la junta de control federal que supervisa las finanzas de Puerto Rico y que había advertido que perjudicaría el intento de la isla de salir de la mayor quiebra municipal en la historia de Estados Unidos.
El 13 de junio, la junta emitió una carta en la que amenazaba con que tenía el poder de impedir que el gobernador promulgara el proyecto de ley y que, si se aprobaba, se consideraría una violación de un estatuto federal.
“Rechazo completamente la habitual intromisión de la junta en el deber constitucional de nuestros funcionarios electos de establecer y determinar la política pública de Puerto Rico”, escribió el gobernador en una carta que envió el lunes al presidente de la junta.
Pierluisi alegó que la medida aumentará la participación de la fuerza laboral y mejorará la economía de Puerto Rico. La junta ha advertido que empeoraría la tasa de actividad de la isla, que actualmente es del 38%, y la privaría del crecimiento de los ingresos.
“Estoy totalmente en desacuerdo”, escribió el gobernador. “La junta no tiene datos que apoyen su afirmación”.
Una portavoz de la junta dijo que revisaría la medida para asegurarse de que es coherente con el más reciente plan fiscal de la isla, que sirve de plan económico.
