San Juan, Puerto Rico. — Un juez federal aprobó tentativamente el martes una porción del plan más reciente para restructurar 10.000 millones de dólares de deuda de la Autoridad de Energía Eléctrica de Puerto Rico, en medio de enconadas negociaciones entre los acreedores y el gobierno de la isla.
La junta federal de control que supervisa las finanzas de Puerto Rico ya ha enmendado cuatro veces el plan general de restructuración de deuda en lo que va del año. Una audiencia de confirmación está programada para marzo de 2024, mientras que varios tenedores de bonos siguen oponiéndose al plan.
El organismo de control no hizo comentarios por el momento sobre la decisión del juez en torno a la declaración de divulgación del plan, la cual requiere de ciertas modificaciones antes de que los tenedores de bonos voten al respecto. La decisión se dio a conocer después de una audiencia de varias horas que atrajo manifestantes al tribunal, quienes se oponen a los aumentos de precios en las facturas de luz establecidos en el plan.
La bancarrota de la Autoridad de Energía Eléctrica de Puerto Rico se ha prolongado durante años en medio de un intenso debate sobre cómo restructurar su deuda, la más elevada de cualquier agencia gubernamental en este territorio estadounidense.
Numerosos intentos de restructuración han fracasado, y muchos acreedores buscan recuperar más dinero del que ofrece el plan actual. La medida fue enmendada por tercera ocasión en agosto y por cuarta durante el fin de semana.
La propuesta más reciente intenta reducir la deuda de la compañía eléctrica en casi un 80%, a aproximadamente 2.500 millones de dólares. De aprobarse, se tiene previsto que conduzca a incrementos en los precios de la luz para residencias y comercios, los cuales ya son algunos de los más elevados para cualquier jurisdicción estadounidense.
La autoridad eléctrica es la única agencia de Puerto Rico que aún no restructura su deuda desde que el gobierno de la isla anunció en 2015 que no sería capaz de pagar su deuda pública de más de 70.000 millones de dólares, la cual se acumuló a través de décadas de malas gestiones, corrupción y solicitudes excesivas de préstamos. En 2017, la isla se declaró en la mayor quiebra municipal en la historia de Estados Unidos.
