San Juan, Puerto Rico-. Medio millar pruebas para detectar el coronavirus, causa polémica continúa después de declaraciones sobre dónde terminaron las pruebas y quién es responsable del hipotético extravío, en un momento en el que siguen aumentando los contagiados y es apremiante detectar positivos para detener la expansión.
EL EJECUTIVO TRABAJA EN LA COMPRA DE PRUEBAS
El Ejecutivo puertorriqueño trabaja a marchas forzadas en la compra de pruebas para la detección del COVID-19, un esfuerzo que ahora corre paralelo a una polémica sobre la que, según Quiñones de Longo, ya habrían comenzado a investigar las autoridades federales estadounidenses por medio del FBI.
Quiñones de Longo confirmó en declaraciones a medios locales que el Departamento de Salud es investigado por las autoridades federales por la gestión de contratos y presuntas irregularidades en la compra y reparto de pruebas de diagnóstico del COVID-19.
Indicó que su salida de la agencia se debió a su disconformidad con la gestión del Gobierno con la emergencia del coronavirus, especialmente en torno a las pruebas para detectar la enfermedad.
DESMIENTEN LA PÉRDIDA DE LAS PRUEBAS
Tanto el Departamento de Salud como el grupo de trabajo («task force») médico designado por el Gobierno para el coronavirus desmintieron que las pruebas se perdieran
El «task force» médico aclaró que 495 pruebas provenientes de la compañía Quest Diagnostics fueron entregadas a nueve hospitales y las cinco restantes guardadas.
El presidente de la Comisión de Salud de la Cámara de Representantes, Juan Oscar Morales, confirmó hoy que se iniciará una investigación por las denuncias de Quiñones de Longo y que se citará a la funcionaria implicada por esta en supuestas irregularidades, Mabel Cabezas.
QUIÑONES DICE QUE LAS PRUEBAS NO LLEGARON A SU DESTINO
El Ministerio de Salud emitió el pasado 30 de marzo un comunicado en el que anunciaba la desvinculación de Cabeza de ese departamento, además de informar de que se revisarían todos los contratos realizados por la empresa de trabajo temporal Manpower, que según medios locales contrató a una hermana de la ya exempleada en la Oficina del Programa Medicaid.
Burgos señaló por su parte que las pruebas habrían sido enviadas a nueve hospitales identificados por el «task force» de Salud.
SEÑALAN QUE LA CONTROVERSIA ES UNA INVENCIÓN
Cabeza, quien trabajaba como ayudante ejecutiva del destituido secretario de Salud Rafael Rodríguez Mercado, había señalado en un comunicado que la controversia de las 500 pruebas es una invención.
«Las pruebas llegaron y quien las recibió fue la secretaria Auxiliar de Administración de Salud, quien tiene toda la autorización legal para recibirlas y firmó el recibo de las mismas», aclaró Cabeza.
Dijo además que es absolutamente falso insinuar que ella era quien tomaba las decisiones en el Departamento de Salud, como expresó Quiñones de Longo.
El senador y precandidato a la gobernación por el opositor Partido Popular Democrático (PPD) Eduardo Bhatia pidió a la Cámara baja y Senado que citen a testificar tanto a la extitular interina de Salud como a Cabeza, además de al general José Burgos de la Guardia Nacional para conocer con detalle la realidad de la controversia.
El presidente del Partido Popular Democrático, Aníbal José Torres, catalogó como una burla de la gobernadora su pedido para que sea el Departamento de Salud quien investigue las irregularidades denunciadas por la ex secretaria interina.
