Ciudadanos puertorriqueños se congregaron este jueves frente a las inmediaciones del Tribunal Federal en San Juan, para protestar contra la Junta de Control Fiscal (JCF) que se creó hace siete años, para regular la deuda de la Autoridad de la Energía Eléctrica (AEE), que implica aumentos en la ya elevada factura de la luz en Puerto Rico.
«Por años hemos insistido en que la Junta para lo único que fue traída a la isla es para pagar una deuda ilegal e ilegítima y ese es nuestro principal reclamo que la junta es una estructura dictatorial y colonialista y que a siete años de su ejecución se demuestra que para lo que está aquí es para garantizar el pago de la deuda», subrayó a EFE Jocelyn Velázquez, portavoz de La Jornada Se Acabaron Las Promeses que convocó la manifestación.
La protesta a la que asistieron grupos sindicales y comunitarios se inició a las 16.00 hora local (20.00 GMT) frente a las instalaciones de la Corte Federal en la Avenida Chardón.
Al grito de «¿Dónde están los boricuas que defienden lo suyo? Aquí, Aquí», «Lucha sí, espera no», «Junta de Control Fiscal, dictadura colonial», «Del abuso me cansé y a la calle me tiré», los manifestantes reclamaron al Gobierno local que rescinda a la JCF.
En este contexto, Velázquez hizo hincapié en que «el llamado es a repudiar a la Junta dictatorial y a todo el aparato gubernamental de Estados Unidos en la isla».
La Junta de Supervisión Fiscal, encargada de controlar la reestructuración de la deuda de Puerto Rico, certificó un nuevo plan fiscal para la AEE a finales de junio y anunció que enmendaría el plan de ajuste de la deuda de la corporación pública, que asciende a 10.000 millones de dólares.
El problema es que los costos de la electricidad ya son más altos en la isla que en Estados Unidos continental, lo que está asfixiando a la población.
La red eléctrica de Puerto Rico es, además, muy frágil desde el huracán María de 2017 y muchos se quejan de que la llegada de Luma Energy no ha mejorado el problema de los apagones y ha supuesto una subida de los precios de la luz.
Puerto Rico es territorio estadounidense desde 1898 y está considerado como un Estado Libre Asociado, con Constitución propia y con un importante grado de autonomía, aunque EE.UU. se reserva apartados como defensa, moneda, inmigración y aduanas, entre otros.
El estatus territorial de Puerto Rico, como Estado Libre Asociado de EE. UU., limita el pleno desarrollo político, económico y social de la isla y el gobierno federal tiene la responsabilidad de facilitar la elección y transición a un estatus político no territorial.
La Cámara de Representantes federal aprobó en diciembre, con 233 votos a favor y 191 en contra, dicho proyecto de estatus, que autoriza la celebración en noviembre de 2023 de un referéndum vinculante en la isla para definir su futuro político.
