La semana pasada transcurrieron dos importantes cónclaves donde Puerto Rico fue el centro de atención y discusión. El pasado 16 de junio el Comité de Recursos Naturales del Congreso estadounidense que preside el congresista Raúl Grijalva (D-Arizona), sesionó para su segunda vista de las propuestas sobre el caso colonial de Puerto Rico. Antes de proceder con la discusión de los proyectos H.R. 1522 y H.R. 2070, que promueven la anexión inmediata y la creación de un proceso de autodeterminación para la eventual descolonización, el congresista Grijalva dio lectura a la opinión del Departamento de Justicia federal con relación a ambos proyectos de ley.
En cuanto al proyecto de la anexión Justicia federal rehusó aceptar una anexión inmediata de Puerto Rico como estado, “para no implicar que la admisión de Puerto Rico como estado es un hecho consumado”, pues este proyecto sugiere que el presidente de los Estados Unidos emita una proclama estableciendo la fecha en que Puerto Rico sería estado. También la justicia federal reafirmó su rechazo a las anteriores consultas de 2012 y 2017 pues “contenían inexactitudes y eran potencialmente engañosas, y que la premisa del plebiscito del 2020 –que el pueblo de Puerto Rico había rechazado de manera concluyente el estatus territorial actual en 2012 y 2017– fue una con la que el Departamento no estuvo de acuerdo”, afirmó el Departamento de Justicia.
En torno al proyecto de ley de las congresistas Nydia Velazquez y Alejandria Ocasio-Cortez (D-NY), opinó, “estamos de acuerdo en que se debe permitir al pueblo de Puerto Rico elegir entre convertirse en una nación independiente de los Estados Unidos, convertirse en un estado de Estados Unidos o conservar el estatus actual de territorio. En la medida en que el Proyecto Cameral 2070 facilite una elección entre esas tres opciones, que creemos son las tres opciones constitucionales disponibles para Puerto Rico, el Departamento apoya el proyecto de ley”.
Vayamos al análisis. Antes que nada, hay que dejar claro que la opinión del Departamento de Justicia es simplemente la opinión de justicia federal del momento. Cada transición presidencial establece su propia política de justicia. Incluso, cada Congreso, que se elige cada dos años, no está comprometido a continuar los proyectos que haya presentado el Congreso anterior. Lo que hizo el Departamento de Justicia fue expresar la opinión del Ejecutivo (Biden). En cuanto al caso de Puerto Rico es el Congreso, en vista de la relación colonial actual, quien legisla el futuro de la Isla. El Congreso puede tomar en cuenta la opinión del Departamento de Justicia o ignorarla. De ahí la importancia de entender la separación de poderes que establece la Constitución.
El Depatamento de Justicia les tumbó los plebiscitos a los anexionistas y a los populares les extinguió el futuro de un Estado Libre Asociado (ELA) soberano, incluso, se refirió al ELA como “estatus territorial actual”. O sea, no le da al ELA altura de gobierno propio, porque no hay “mutuo consentimiento” alguno, que el ELA no tiene ninguna inherencia propia en cuanto al futuro de Puerto Rico. O sea, que los puertorriqueños y puertorriqueñas son súbditos del poder imperial y colonial de los Estados Unidos de América, sin derecho a nada que no sea los deseos coloniales del Congreso.
El Departamento de Justicia de los Estados Unidos, tuvo la osadía de no reconocer la libre asociación como fórmula descolonizadora, argumentando que la libre asociación y la independencia son lo mismo. Pasando por alto el derecho internacional y la tradición constitucional estadounidense, que desde 1986 en tres ocasiones diferentes reconocieron la libre asociación a Estados Federados de Micronesia, República de las Islas Marshall y Palaos.
A tono con esta discusión sobre el caso de Puerto Rico, el Comité de Descolonización de las Naciones Unidas (ONU) también sesionó la pasada semana y aprobó por ocasión número 39, el derecho del pueblo de Puerto Rico a su libre determinación e independencia. Los 19 deponentes de Puerto Rico y la diáspora enfatizaron las múltiples maneras en que se manifiesta el poder colonial, entre ellos el control de la Junta de Supervisión Fiscal, establecida en 2014 por medio de la Ley Promesa y que controla e incluso determina las decisiones financieras del gobierno electo de Puerto Rico. Denunciaron también, las injustas medidas de austeridad, la privatización del sistema eléctrico otorgado a Luma Energy y el caso particular de los residentes de Vieques y Culebra, donde aún hay bombas que no han detonado y constituyen una amenaza letal para los residentes de estas islas.
La resolución aprobada por este Comité reafirma, “el derecho inalienable del pueblo de Puerto Rico a la libre determinación y la independencia, de conformidad con la resolución 1514 (XV) de la Asamblea General, y la aplicabilidad de los principios fundamentales de dicha resolución a la cuestión de Puerto Rico, y que el pueblo de Puerto Rico constituye una nación latinoamericana y caribeña que tiene su propia e inconfundible identidad nacional”. La resolución recomienda que la Asamblea General de la ONU “examine la cuestión de Puerto Rico de manera amplia y en todos sus aspectos y se pronuncie al respecto lo antes posible”.
La última palabra la tienen todos los puertorriqueños, tanto en la isla como en la diáspora. Puerto Rico es una colonia continuamente golpeada por 123 años de coloniaje y les corresponde a nuestras generaciones presentes asumir la responsabilidad histórica de exigir la descolonización de nuestra patria. Es hora de romper con los miedos que el colonialismo estadounidense ha perpetuado en nuestra psiquis colectiva. Todo puertorriqueño y toda puertorriqueña tiene la obligación histórica y ante Dios de acabar con el crimen del colonialismo en Puerto Rico. ¡Despierta boricua, defiende lo tuyo!
