En Puerto Rico continúan «los problemas de acceso a la información pública», según alertó el informe de mitad de año de la Sociedad Interamericana de Prensa (SIP) divulgado este martes.
El documento, pendiente de aprobación en la reunión semestral que se celebra entre este martes y el jueves en Miami, cita que «a más de tres años de haber sido aprobada, decenas de agencias de gobierno y municipios continúan incumpliendo con las exigencias más básicas de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública» de la isla caribeña.
Un estudio publicado en octubre reveló que ha sido «deficiente e inconsistente la implementación de la Ley», tras recopilar los resultados de la evaluación sobre la ejecución de las más de 120 agencias de la Rama Ejecutiva y los 78 municipios de Puerto Rico.
El documento establece que «el 12 % de las dependencias del gobierno central, por ejemplo, no ha nombrado el mínimo de tres ‘oficiales de información’ requeridos para dar trámite a las solicitudes que puedan someter los ciudadanos y la prensa».
Asimismo, la SIP alarma de que «a pesar de que el 98 % de los oficiales de información fueron designados en la Rama Ejecutiva, solo el 39 % de las agencias tienen disponible en sus páginas web la información de contacto de estos funcionarios» tal y como establece la Ley.
La Sociedad Interamericana de Prensa también denuncia que «los medios y los periodistas siguen acudiendo a la justicia para obtener información de agencias gubernamentales, corporaciones públicas, y municipios» y que «los tribunales permiten que prevalezca la práctica de imponer órdenes mordaza en casos de alto interés público».
Según la SIP, la Justicia puertorriqueña exige «la revelación de las fuentes periodísticas», y un juez del Tribunal de Distrito Federal para el Distrito de Puerto Rico declaró nulo un artículo sobre «noticias falsas» contenido en la Ley del Departamento de Seguridad Pública.
A su vez, el Tribunal Supremo de Estados Unidos tiene ante su consideración un caso sobre acceso a información pública instado por el Centro de Periodismo Investigativo (CPI) en contra de la Junta de Supervisión Fiscal para Puerto Rico.
Por otro lado, la SIP avisa de que la Comisión Ciudadana para la Auditoría del Crédito Público presentó una demanda en el Tribunal de San Juan contra la Autoridad del Distrito del Centro de Convenciones (ADCCPR) por negarse a entregar información.
El 3 de abril el Tribunal Federal de Estados Unidos en San Juan declaró inconstitucional una parte de la Ley del Departamento de Seguridad Pública que tipifica como delito la divulgación de información que constituya una «falsa alarma» sobre emergencias públicas.
La SIP recuerda que la Unión Estadounidense por las Libertades Civiles (ACLU, en inglés) argumentó que esta ley violaba la Primera y la Decimocuarta Enmienda, «porque su terminología imprecisa y su amplio alcance daban a la gente muy poca orientación sobre qué discurso puede constituir un delito».
Además, la sociedad alerta de que «las órdenes de mordaza se han convertido en la orden del día en los casos criminales de alto interés público» en Puerto Rico.
«Todavía no se ha reconocido el privilegio que cobija a la prensa ante reclamos de revelación de fuentes», sentenció la SIP, recordando que «dos fallos negaron una orden protectora solicitada por el exdirector de Noticias de Televicentro Alex Delgado y WAPA TV para mantener el anonimato de una fuente».
