Gobernadora de Puerto Rico Wanda Vázquez. Crédito EFE

SAN JUAN, PR – Un nuevo escándalo se fragua en Puerto Rico tras las alegaciones contra la gobernadora, Wanda Vázquez, de obstruir la justicia sobre unos informes en su contra por la gestión de la ayuda a los afectados por los terremotos, acusaciones que negó este 7 de julio, además de desviar la atención hacia la exsecretaria de Justicia, Dennise Longo. La política local vuelve a ganar actualidad después de que la gobernadora convocara una conferencia de prensa, a un mes de las primarias en su formación, el Partido Nuevo Progresista (PNP), para tratar de zanjar sospechas sobre su hipotético intento de obstruir una pesquisa sobre su posible implicación en la mala gestión de la ayuda a los damnificados por los sismos de enero. La supuesta obstrucción de la justicia por parte de Vázquez fue el centro de la conferencia de prensa, en la que además se trató de un asunto paralelo, la dimisión el pasado viernes de la hasta entonces titular de Justicia, cuya salida del Gobierno algunos atribuyen a querer llevar adelante la investigación contra la gobernadora.

La escalada de la crispación en la escena pública llega a un mes de las primarias del PNP para conocer quién será el candidato del partido actualmente en el poder para las generales del próximo noviembre, situación que ha sido aprovechada por los rivales de la actual jefa del Ejecutivo y que aspira a continuar en el cargo a partir de 2021.

«No tengo miedo», dijo Vázquez sobre la posibilidad de que se ponga en marcha una investigación en su contra, tras anunciar que ha solicitado al Departamento de Justicia que se lleve adelante el caso que investigaría su supuesta participación en la hipotética gestión irregular de las ayudas a los damnificados por los terremotos. «La secretaria de Justicia tiene mis instrucciones de que le envíe ese referido, si cumple con todos los requisitos de ley, a la Oficina del Panel del Fiscal Especial Independiente (OPFEI)», indicó.

SECRETARIA DE JUSTICIA FRENÓ ENTREGA DE INFORMES

La secretaria de Justicia en funciones, Wandymar Burgos, dio a conocer que había ordenado frenar la entrega de seis informes que iban destinados a la OPFEI.

La OPFEI es una agencia estatal que se encarga de la investigación de casos contra funcionarios públicos.

Este caso lo dejó preparado la ya exsecretaria de Justicia Longo, que fue obligada a abandonar el cargo el pasado 3 de julio.

Vázquez aseguró que la destitución de Longo fue provocada por una supuesta intervención indebida de la exfuncionaria en una investigación federal por supuesto fraude en el programa sanitario federal de Medicaid (programa de salud para personas de bajos ingresos) entre 2014 y 2019. La gobernadora negó rotundamente que la salida de Longo estuviera relacionada con que la exfuncionaria quisiera llevarla ante la OPFEI. Matizó que la extitular de Justicia estaba inhibida de tomar responsabilidades en el caso debido a que la investigación comprende el periodo en que su madre, Concepción Quiñones de Longo, trabajó como subsecretaria del Departamento de Salud.

«La razón por la que se le retira la confianza es por intervenir indebidamente en una en una investigación federal relacionada con el Departamento de Salud a cargo de la Oficina del Inspector General del sobre fraude en el Medicaid», matizó.

La gobernadora detalló que Longo era consciente de que no podía intervenir en ese caso y que, sin embargo, trató de inmiscuirse en un asunto en el que, precisamente, su madre era el centro de la investigación.

LA INVESTIGACIÓN EN SU CONTRA FUE VENGATIVA Y AMAÑADA

Resaltó además que la investigación de la exsecretaria de Justicia contra ella como una «conducta vengativa y amañada». La OPFEI comunicó oficialmente que pidió al Departamento de Justicia que, de forma inmediata, refiera los informes a su oficina para estudiar el caso. Longo reveló que el pasado mes de marzo notificó a la OPFEI que se investigaba a Vázquez por los suministros de un almacén en la ciudad Ponce destinados a los damnificados por los huracanes de enero. La exsecretaria señaló a medios locales que previamente a la entrega de los referidos al Departamento de Justicia notificó a la OPFEI el alcance de la pesquisa que realizaba su agencia y que involucraba a la gobernadora. La presidenta de la OPFEI, la exjueza Nydia Cotto, catalogó como irregular el trámite que siguieron los referidos a su entidad contra la gobernadora Vázquez y otras cinco figuras cercanas a la mandataria por parte del Departamento de Justicia.

Confirmó que el panel, compuesto por tres jueces y su presidenta, se reúnen para evaluar la solicitud que hizo la nueva secretaria de Justicia de que los referidos regresaran a su agencia cuando ya estaban a punto de ser recibidos por la OPFEI.

El presidente del Senado y del PNP de la gobernadora, Thomas Rivera Schatz, pidió la renuncia de la secretaria de Justicia en funciones por, supuestamente, frenar la entrega de los documentos a la OFEI.

El presidente del Partido Popular Democrático (PPD) y líder de la oposición, Aníbal José Torres, pidió a la Asamblea Legislativa que investigue los señalamientos contra la gobernadora. Algunos analistas ven ya paralelismos con la crisis que sufrió Puerto Rico el pasado verano, que tras la filtración de un «chat» con sus colaboradores más íntimos supuso la salida del exgobernador Ricardo Rosselló.

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