Los recientes asesinatos de cuatro periodistas en México preocupan a quienes cuestionan y escriben sobre la violencia y la corrupción en México. Todos debemos condenar energéticamente los recientes asesinatos de los periodistas José Luis Gamboa Arenas, Margarito Martínez Esquivel, María Guadalupe Lourdes Maldonado López, y Roberto Toledo durante el mes de enero.
De acuerdo con el último Informe (9 de diciembre de 2021), del Comité para la Protección de los Periodistas (CPJ, siglas en inglés), al menos 27 periodistas fueron asesinados debido a su trabajo el año pasado. Según el CPJ, 21 de los crímenes fueron perpetrados como represalias a sus informes, cuatro mientras informaban desde zonas de conflicto, y otros dos cubriendo protestas o enfrentamientos callejeros que resultaron en actos mortales. Seis de estos asesinatos fueron de periodistas mexicanos.
India y México encabezan la lista de los países con la mayor cantidad de muertes de trabajadores de los medios, según CPJ.
CASO MALDONADO
El presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, pidió no sacar conclusiones precipitadas y ordenó el martes 25 de enero una investigación completa para conocer el motivo y los responsables del asesinato de Lourdes Maldonado, una periodista de Tijuana que le pidió ayuda personalmente y en público. En 2019, la periodista, acudió a la rueda de prensa matutina diaria de López Obrador y le pidió su ayuda, “porque temo por mi vida”, denunció.
Maldonado fue encontrada fatalmente baleada dentro de su automóvil frente a su casa, según un comunicado de la fiscalía del estado de Baja California. Las autoridades recibieron una llamada al 911 alrededor de las 7:00 pm, pero la encontraron muerta.
Lourdes había estado atrapada en una disputa laboral de años con Jaime Bonilla Valdez, quien en 2019 fue elegido gobernador de Baja California, y más tarde en ese año, como candidato del partido Morena de López Obrador. Dejó el cargo a fines del año pasado. Maldonado había anunciado recientemente que ganó su disputa con una empresa de medios, propiedad de Bonilla después de nueve años de litigio.
La aguerrida periodista había cubierto la corrupción y la política en Tijuana, que le costó enfrentar agresiones previas debido a su trabajo. Estaba adscrita en el sistema estatal de protección para periodistas que han sido amenazados, pero sin detallar las medidas de seguridad.
CASO MARTÍNEZ
Margarito Martínez, periodista de Tijuana, fue baleado frente a su casa, el pasado 17 de enero. El fotoperiodista freelancer de 49 años, tenía más de dos décadas de experiencia en la ciudad, era conocido por cubrir la escena del crimen en esta urbe plagada de violencia. Trabajó para el medio local Cadena Noticias, así como para otros medios nacionales e internacionales. Era muy conocido y respetado en esa ciudad, y su muerte conmocionó a muchos.
Martínez había recibido amenazas recientemente, y una organización local había pedido protección para él. Leopoldo Maldonado dijo que los colegas de Margarito lograron conseguirle “una línea directa con la Guardia Nacional”, pero esto no lo pudo salvar.
Los asesinatos de Margarito y Lourdes ocurrieron en Tijuana, y hasta el momento, no hay indicios de que sus asesinatos estén conectados. Tijuana ha sido una ciudad desgarrada por la violencia del narcotráfico mientras los cárteles rivales luchan por el control de los lucrativos puntos fronterizos de contrabando y el tráfico de drogas a nivel de las calles de Tijuana.
CASO GAMBOA
El periodista veracruzano José Luis Gamboa Arenas falleció este sábado 15 de enero tras haber sido atacado a puñaladas durante un presunto asalto en el puerto de Veracruz.
La agresión contra el comunicador habría ocurrido el miércoles previo. Con el presunto asesinato de José Luis Gamboa Arenas, ya son cinco periodistas víctimas en la actual administración encabezada por Cuitláhuac García Jiménez. Jacinto Romeo Flores, Julio Valdivia, María Elena Ferral, Jorge Celestino.
En días recientes, Gamboa Arenas habría publicado en redes sociales una severa crítica al nivel de inseguridad y protección con que las autoridades municipales del puerto de Veracruz permitían el aparente cobro de piso en colonias de la ciudad, identificando con nombre y apellido a los grupos de la delincuencia encargados de ello.
CASO TOLEDO
Roberto Toledo, de 55 años, fue asesinado a balazos este lunes en el municipio de Zitácuaro, en el occidental estado mexicano de Michoacán, según informó el medio Monitor Michoacán, en el que trabajaba. Armando Linares, su director, explicó que este medio de información local había sufrido «una serie de amenazas» en los últimos meses. «El día de hoy finalmente estas amenazas se cumplieron», apuntó el comunicador, quien detalló que fueron tres personas armadas quienes lo asesinaron de manera «ruin».
Linares, visiblemente afectado, atribuyó el asesinato de su compañero a la labor del medio, dedicada a «exhibir corrupciones» de las autoridades y de los políticos.
«Nosotros no estamos armados, nosotros no traemos armas. Nuestra única defensa es la pluma, un lapicero una libreta», apuntó.
IMPUNIDAD
México es el país más violento del hemisferio occidental para los periodistas, según el CPJ. El principal problema es la impunidad, que ha sido reconocida por miembros del gobierno, incluidos el subsecretario de Gobernación para los Derechos Humanos, Alejandro Encinas, aunque el presidente lo circunscriba como un problema causado por sus antecesores.
En México, más del 95 % de los homicidios y desapariciones de periodistas nunca llegan a juicio y aún menos a sentencia.
De acuerdo con datos del gobierno federal, en diciembre, Baja California registró la segunda mayor cantidad de homicidios per cápita. En 2021, cerca de dos mil personas fueron asesinadas en Tijuana. Según la organización Artículo 19, ya son 149 periodistas asesinados por su labor desde 2000 a la fecha en México, 29 de ellos durante el mandato del presidente Andrés Manuel López Obrador, que arrancó en diciembre de 2018. La ligera tendencia a la baja de los años recientes se ha visto truncada este enero con la muerte de los cuatro reporteros.
“MECANISMOS DE PROTECCIÓN”
México cuenta desde hace una década con un “mecanismo” federal para brindar protección a periodistas y defensores de derechos humanos que enfrentan amenazas. Éstas inscritos 500 periodistas y mil activistas de derechos. La mayoría de los estados tienen sistemas similares.
Las medidas preventivas van desde botones de pánico y sistemas de vigilancia instalados en sus domicilios hasta guardaespaldas; pero dado que la colaboración entre el crimen organizado y los funcionarios del gobierno es tan común, se sigue desconfiando de la protección respaldada por el gobierno.
En los últimos cinco años han sido asesinados 10 periodistas con algún tipo de protección. También ha habido cientos de casos de intimidación, robo de equipo y detención temporal que nunca se investigan o incluso se denuncian.
Mientras nadie sea arrestado, juzgado y condenado por el asesinato de periodistas en México, no habrá red de seguridad para estos valientes que escriben la verdad sobre un país que aman. Debemos apoyar a los periodistas en México, y en todo el mundo, que trabajan para contar las verdades incómodas sobre los gobiernos y sociedades.
