Estoy muy animada celebrado “la Convención Nacional Demócrata”, pero a la misma vez, me siento muy preocupada sobre la plataforma política especificada sobre el estatus de Puerto Rico.
Mientras desde Filadelfia miraba la Convención, sentía la inspiración y el estímulo de un Partido Demócrata que resurgía en Chicago, y llegaba a Pensilvania.
Soy la primera latina elegida al Consejo Municipal de Filadelfia. Sé por experiencia propia, lo difícil que es para las mujeres lograr profesión y respeto, por eso no puedo contener la emoción que siento, sobre la posibilidad de elegir a Kamala Harris como presidenta. Pero la plataforma política de la “Convención Nacional Demócrata”, en cuanto al futuro de Puerto Rico, me llena de preocupación, disminuyendo mi entusiasmo.
Como puertorriqueña, el futuro de mi Isla me preocupa. De hecho, somos muchos los puertorriqueños que estamos preocupados por el futuro de Puerto Rico. Pensilvania, estado donde resido, cuenta con la tercera concentración de puertorriqueños más grande, después de Nueva York y Florida. En Pensilvania residimos más de medio millón de puertorriqueños.
Déjeme explicarle; yo nací en Puerto Rico, pero crecí en Filadelfia. Mi esposo y yo tenemos una casa en la Isla. Ahí pasamos tiempo con nuestra familia que aún viven en los pueblos de San Lorenzo y Barranquitas. Después de sufrir los huracanes, Irma y María en la isla, he sido testigo de la disparidad, y los desafíos económicos que enfrenta Puerto Rico. Estamos aquí, pero en nuestros corazones, votamos con Puerto Rico.
En la plataforma política de la “Convención Nacional Demócrata”, hay varias posiciones aceptables sobre Puerto Rico. Esto incluye ponerle fin a “la Junta Fiscal” impuesta por el Congreso, una Junta no electa por el pueblo. Dicha Junta está plagada de conflictos de intereses. Esta Junta es pagada con fondos públicos regidos por medidas legítimas, y promulgadas democráticamente. La prensa local le exige transparencia, pero rehúsa darla.
Sin embargo, la plataforma política demócrata, está desviada en la cuestión del estatus político de Puerto Rico.
El Partido Demócrata apoya la promulgación de la ley de estatus de Puerto Rico (PRSA) por sus iniciales en inglés, llamado en la Isla, “Plebiscito Criollo”. Este proyecto de ley propone descolonizar a Puerto Rico, cambiando para siempre el estatus de Puerto Rico. La Isla ha sido una colonia estadounidense desde el 1898. Para tomar una decisión tan monumental, es necesario que los puertorriqueños tengan detalles claros y válidos, sobre las implicaciones que cada una de estas opciones, estadidad, independencia o soberanía en libre asociación con los Estados Unidos, envuelven.
El problema con este proyecto de ley es simple, no provee información clara y necesaria, en esta materia tan crítica. De hecho, simplemente, la información que provee es limitada. Por un lado, si el pueblo puertorriqueño elije la estadidad, el proyecto no indica o dice, si el español será o no el idioma que será usado en las escuelas, los tribunales, las agencias gubernamentales, y las agencias vigentes en Puerto Rico.
Hablar español no es simplemente una habilidad puertorriqueña, es el núcleo, el corazón de nuestra identidad. La importancia de nuestro idioma domina nuestra expresión, nuestra vida como puertorriqueños. Por esta y muchas más razones, si el español puede dejar de ser el idioma oficial en la Isla, este punto debe de ser claro y quedar totalmente explicado.
El proyecto de ley tampoco es claro, en cuanto a si los puertorriqueños estarían sujetos a una tasa de impuesto de un 70% bajo la estadidad, y cuándo este impuesto se aplicaría. Esto presenta graves implicaciones para las familias y los trabajadores, ya que podrían enfrentar despidos masivos, mientras el gobierno de Puerto Rico sigue luchando por pagar una deuda restructurada.
En los últimos años, millonarios y multi millonarios estadounidenses, se han establecido en Puerto Rico, beneficiándose del resquicio legal, que les permite no pagar impuestos sobre las ganancias de capital. ¿Les será permitido a estos residentes participar en un referéndum sobre el estatus?
Mientras tanto, a nuestros familiares desplazados por problemas económicos, y los estragos del huracán María, se les niega la participación.
Este proyecto de ley ni dice quién o prohíbe quién puede tomar decisiones sobre el futuro de Puerto Rico. Aunque no explica las implicaciones que trae la anexión, se extralimita, sugiriendo qué tipo de constitución debería tener un Puerto Rico independiente. Simplemente se interpone, obstruyendo el derecho de los pueblos a autodeterminarse, y a desarrollar lo que sería una nueva república latinoamericana y caribeña.
Ignorar los problemas críticos e influenciar en un proceso político, son las características de un proyecto de descolonización, destinado al fracaso.
Desafortunadamente, este proyecto de ley (PRSA), está encamino a ser una casilla de verificación para el Congreso, pero el pueblo puertorriqueño, que ha sido repetidamente defraudado por Washington, no lo aceptará.
El Partido Demócrata puede y debe, apoyar la transparencia total y directa.
Preservar la democracia, no es simplemente una cuestión de derrotar a un violento culto “MAGA”, también exige que tratemos a los pueblos del Caribe, y de las islas del Pacífico, sometidos a 126 años de colonialismo estadounidense, de una manera que restaure y sirva a la democracia.
Esta opinión fue publicada originalmente en The Inquirer el 22 de agosto 2024.
