El programa de la Policía de Filadelfia para reducir las disparidades raciales en las paradas de peatones se extiende a toda la ciudad mientras que la política de seguridad publica retrocede.
Si ha estado siguiendo el trabajo de ACLU Pensilvania en años recientes, puede que haya escuchado sobre nuestro acuerdo en curso con la ciudad de Filadelfia sobre el uso de parar y registrar por parte de los oficiales de la policía. La retórica reciente de la alcaldesa Cherelle Parker y el liderazgo del Departamento de Policía de Filadelfia (PPD, por sus siglas en inglés), sugiere que los oficiales pueden aumentar el uso de esta controvertida táctica policial.
En 2010, ACLU de Pensilvania y la firma de abogados de derechos civiles Kairys, Rudovsky, Messing y Feinberg presentaron una demanda colectiva federal, Bailey y otros contra la ciudad de Filadelfia, en nombre de los ciudadanos negros y latinos de Filadelfia. La demanda alegó que miles de personas cada año son parados ilegalmente, detenidos y registrados por el Departamento de Policía de Filadelfia como parte del uso de “parar y registrar”. Al año siguiente, la Ciudad y ACLU Pensilvania lograron un acuerdo que incluía una disposición según la cual el alcalde de la ciudad debe monitorear y almacenar toda la información relacionada con el uso de esa práctica. Los datos son también revisados por ACLU Pensilvania y nuestros expertos en datos para que podamos hacer recomendaciones sobre la manera como la Ciudad podría adherirse más consistentemente a los mandatos de la constitución.
Después de casi década y media de monitorear los datos de parar y registrar del Departamento de Policía de Filadelfia, algunas tendencias han quedado claras.
Primero, el uso de parar y registrar raramente alcanza su principal propósito estipulado: la Policía solo recupera armas mortales en una pequeña fracción de las detenciones.
Segundo, aun cuando el número de detenciones ha disminuido drásticamente con los años, las disparidades raciales se han mantenido casi al mismo nivel. Esto significa que la población negra y latina tiene más probabilidades de ser detenida que sus contrapartes blancas.
No cabe duda de que parar y registrar ha fracasado en sacar las armas peligrosas de las calles y ha demostrado ser una táctica racial de la policía.
Aquí están las buenas noticias, en el año 2021 como resultado de nuestro acuerdo con la Ciudad, el Departamento de Policía implementó un programa piloto en un limitado número de distritos policiales que terminaría con el uso de parar y registrar por ofensas menores, como tirar basura, obstruir la acera o conducta desordenada. Siempre que la persona que ha cometido la ofensa obedeciera al policía y siguiera su camino, la interacción terminaría allí.
Este cambio redujo las interacciones innecesarias de la policía con los peatones sin ocasionar un aumento en el crimen violento. Fue tal el éxito, que el programa se extendió a toda la ciudad en mayo del año pasado.
A pesar de que la Ciudad está obligada bajo el decreto de consentimiento Bailey de mantener los cambios realizados sobre cómo la policía utilice parar y registrar, en meses recientes hemos visto un cambio notable del liderazgo de la Ciudad hacía soluciones más punitivas y carcelarias en el debate sobre la seguridad pública.
La alcaldesa Parker publicó recientemente un plan de seguridad enfocado en políticas fallidas que recuerdan la desastrosa guerra contra las drogas: más arrestos por posesión de drogas y trabajo sexual, utilizando encarcelamiento en una celda insegura donde las personas no pueden tener ni la más básica atención médica como medio de “tratamiento” para el trastorno de abuso de sustancias, transporte en autobús a personas sin hogar fuera de la ciudad, y más.
En cambio, invertir en los recursos y programas que le den a los ciudadanos de Filadelfia la fuerza y apoyo que necesitan para darse cuenta que su potencial es la mejor manera de asegurar un camino sostenible para mejorar la seguridad pública.
Por ejemplo, en lugar de gastar simplemente más dinero para arrestar y encarcelar a aquellos que padecen de problemas de abuso de sustancias, la ciudad debería invertir más dinero en tratamientos. Con sólo unas 2000 camas disponibles en la ciudad en centros de rehabilitación y opciones limitadas de tratamiento ambulatorio a pacientes, solicitar ayuda puede ser desalentador o completamente imposible.
La Ciudad también podría hacerlo mejor al ofrecer opciones de tratamiento especializado a la población más vulnerable como mujeres embarazadas o individuos sin hogar, no existe una solución única que sirva para tratar a aquellos con problemas de abuso de sustancias.
Reconocemos que soluciones reales, aquellas que invierten en personas y en nuestras comunidades y colocan a Filadelfia en el camino para mejorar verdaderamente la seguridad pública, pueden resultar tener un gran costo político. Estas soluciones pueden tomar algún tiempo para ver los resultados, pueden ser costosas, pero también lo es gastar más de mil millones de dólares en nuestra Policía y prisiones todos los años.
No podemos detener nuestro camino hacia la seguridad pública con las tácticas fallidas y racistas de la guerra contra las drogas. Si la alcaldesa Parker, el Concejo de la Ciudad y el comisionado de la Policía Bethel, quieren de verdad mejorar la seguridad pública y no solamente anotar puntos políticos a corto plazo, necesitan invertir en personas, no en prisiones. Necesitan invertir en tratamientos, no en encarcelación. Necesitan darles a los ciudadanos de Filadelfia el tipo de recursos y programas que fortalezcan, no que destruyan nuestras comunidades. No es un camino fácil, pero es el correcto.
Julie Zaebst,es líder de Defensa y Estratega de Políticas, y Solomon Furious Worlds, es abogado de ACLU.
