Rafael Collazo, es director ejecutivo de UnidosUS Action Fund.

Desde el 2016, hemos visto como la distribución de desinformación en los Estados Unidos ha cambiado el sistema político, la cultura y nuestra manera de vivir.

Los estadounidenses hoy están más divididos que nunca, debatiendo todo, desde la efectividad de las vacunas, los derechos de la mujer y la salud reproductiva, la integridad de nuestras elecciones, los eventos que ocurrieron en el Capitolio el 6 de enero, entre otros. Estos desacuerdos divisivos y cada vez más violentos hacen que muchos se pregunten si nuestra democracia puede sobrevivir a la última avalancha de propaganda que se ha visto en todo el país. 

La otra semana, en un intento de exigir más transparencia y luchar contra la desinformación en Estados Unidos, los senadores Brian Schatz (D-Hawaii) y Marsha Blackburn (R-Tenn.) introdujeron la ley de Identificación de la Propaganda en nuestras emisoras (S. 4713). Esta legislación autoriza que la Comisión Federal de Comunicaciones (FCC, por sus siglas en inglés) exija a las emisoras que comprueben las bases de datos de los medios de comunicación extranjeros para identificar mejor a los patrocinadores de la programación.

El apruebo de la legislación S. 4713 sería un paso importante en el camino correcto, aunque todavía hay más que abordar, ya que el impacto que están teniendo los grupos domésticos, especialmente en nuestras comunidades latinas, ha demostrado ser mortal una y otra vez. 

El nivel de desinformación que ha sido filtrado en los medios de comunicación en español y los hogares latinos en los últimos tres años no es solamente alarmante por los efectos fatales que han tenido en la comunidad latina durante la pandemia, sino que también afectará significativamente el futuro de nuestra economía.

Hoy, los latinos constituyen aproximadamente el 19% de la población estadounidense. Latinos son la comunidad minoritaria de mayor crecimiento y han superado a todas las demás minorías en el registro de voto reciente. Lo que más importa es que los latinos son la columna vertebral de nuestra fuerza laboral, con una producción económica de algo menos de 3 billones de dólares y que influye en todo, desde la creación de riqueza futura y el espíritu empresarial hasta la propiedad de la vivienda y el comercio. Nuestro país depende de la viabilidad de la comunidad latina, sin embargo, estamos dejando que estas organizaciones las destruyan.

Aunque los líderes y las organizaciones latinas han hecho sonar los alarmas sobre esta epidemia y los medios de comunicación han aumentado sus esfuerzos para combatir el impacto de la desinformación, no es suficiente, especialmente en Florida, donde los grupos están trabajando de más para confundir a las votantes latinas sobre sus derechos reproductivos y su salud.

En un estado que tiene más de 21 millones de residentes latinos, Florida se ha convertido en la zona de impacto de la desinformación y su difusión. Desde los presentadores de emisoras de radio que hablan sin control en las plataformas de redes sociales y las aplicaciones de mensajería que difunden rumores infundados o falsedades absolutas como si fueran noticias, las implicaciones van mucho más allá de las fronteras del estado, ya que mucho de esto se transmite a los familiares y amigos de todo el país a través de sus dispositivos. 

Esta estrategia ha sido tan eficaz, que antes de las elecciones intermedias de este otoño, estos grupos han ampliado su alcance al difundir más información en varios idiomas a través del país.

Sin duda, hay bastante que sobra por hacer para luchar contra la desinformación en español. Legisladores pueden empezar a reconocer y dirigir el problema en Florida con la aprobación del proyecto de ley S. 4713. La FCC y los conglomerados de las redes sociales deberían de tener un mandato para identificar la desinformación y reintroducir información factual y verificable a la población estadounidense. 

Lograr esto será clave para restaurar la fe en nuestras instituciones y los expertos que hasta ahora han sido venerados en todo el mundo. Esto es especialmente crítico en el caso de cualquier otra crisis de salud pública. Es un momento peligroso tanto para los latinos de Estados Unidos como para nuestro país y necesitamos ahora, más que nunca, que nuestros funcionarios electos en el Congreso actúen. El futuro de nuestro país depende de esto.

Rafael Collazo, es director ejecutivo de UnidosUS Action Fund

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