El fondo educativo de la organización Cease Fire PA realizó una conferencia de prensa el 12 de septiembre frente al ayuntamiento de Filadelfia para pedir al Tribunal Supremo de Pensilvania que les den oportunidad a los residentes de la ciudad y Pittsburgh de mostrar en un juicio en el caso Crawford vs Commonwealth que las leyes de preempción* han violado su derecho constitucional de vivir libres de violencia por armas de fuego y probar que dichas ciudades deben estar empoderadas para hacer cumplir ordenanzas de seguridad relativas a armas de fuego.
El término legal de preempción se refiere al desplazamiento de leyes de baja jurisdicción cuando están en conflicto con una jurisdicción más alta.
Si se elimina la preempción o se limita su aplicación, esto permitiría a Filadelfia y a otras ciudades de estado aprobar leyes que requieran un permiso para comprar armas de fuego, así como límites de compras mensuales de las mismas, entre otros cambios que ayuden a prevenir homicidios, tiroteos masivos y suicidios.
Este 13 de septiembre los demandantes de este caso legal presentaron alegatos acerca de la decisión de una corte más baja ante el Tribunal Supremo de Pensilvania.
Esta es la primera vez que la ciudad ha tratado de que el estatuto sea revocado en una base constitucional. Si el Tribunal anula la decisión del tribunal del estado, el caso pasaría a juicio en una corte estatal.
Si se deroga la ley estatal de preempción esto haría posible que los líderes de Filadelfia aprueben políticas sobre las armas de fuego que el estado ha bloqueado.
Como dijo uno de los oradores, Stanley Crawford, cuyo hijo William Aboaje Samir Crawford fue asesinado en 2018, afirma, “si el concederle a Filadelfia el derecho de tener sus propias leyes acerca de las armas de fuego salva vidas, el Tribunal debe hacerlo, el no hacerlo demostraría que nuestro gobierno ha perdido su humanidad”.
Precisó “no estamos en contra de que se vendan armas de fuego, lo que estamos pidiendo es que los dueños sean responsables de las mismas y reporten cuando han sido perdidas o robadas”, entre otras responsabilidades.
La activista puertorriqueña Rosalind “Roz” Pichardo, fundadora de la organización sin fines de lucro “Operation Save Our City” que apoya a víctimas de homicidio, estuvo presente y dio su testimonio de sobreviviente. De igual manera, madres y padres familiares asesinados hablaron del dolor que no termina y su determinación de seguir luchando para prevenir homicidios, la mayoría no resueltos.
Tanto en el año 2021 como el 2022, la tasa de homicidios de la ciudad superó los 500 asesinatos.
* Preemption- Una de las consecuencias del principio de primacía en las relaciones internormativas que impide que mientras está vigente una norma que goce de primacía, dictada por el legislativo federal, puedan aprobarse o seguirse aplicando otras dictadas por los parlamentos de los Estados miembros de la federación.
