La Unión Americana por las Libertades Civiles (ACLU, por sus siglas en inglés) en Pensilvania ha llegado a un acuerdo sobre una demanda contra la Policía Estatal de Pensilvania (PSP, por sus siglas en inglés), declarando que la agencia caracterizó basado en el perfil racial a diez conductores y pasajeros latinos, quienes fueron parados, interrogados acerca de su estatus migratorio y detenidos por extensos periodos de tiempo hasta que llegaron oficiales federales de Inmigración y Control de Aduanas (ICE, por sus siglas en inglés).
El acuerdo en Marquez, et al. V. Commonwealth, et al. Incluye compensación para los demandantes y cambia las pólizas de PSP.
“Este es un acuerdo importante para nuestros clientes. Nuestra investigación encontró que los seis incidentes descritos en la demanda fueron la punta del iceberg, reflejando un patrón de discriminación por los policías estatales en contra de las personas latinas y la gente de color,” dijo Vanessa Stine, abogada de derechos de inmigrantes en la ACLU de Pensilvania. “El perfil racial y la discriminación no tienen lugar en los cuerpos policiales.”
Como parte del acuerdo, la Policía Estatal de Pensilvania actualizará las pólizas que gobiernan las interacciones entre los policías estatales e inmigrantes. Estos cambios incluyen prohibir a la policía prolongar paradas con el propósito de la ejecución de las leyes civiles migratorias y terminar los chequeos de estatus migratorio durante los chequeos de licencias de conducir.
“La razón por la que presentamos esta demanda es porque no queremos que esto le pase a alguien más», dijo Rebecca Castro, una de las clientes representadas por la ACLU de Pensilvania. “La policía no sabe cuántas vidas afectan todos los días. Esperamos que nuestra victoria signifique que esto no pase nunca más.”
En el 2018, la Sra. Castro estaba manejando con su ahora esposo y colega en el condado de York cuando un oficial de la policía estatal paró el vehículo y comenzó a interrogar al grupo porque el vehículo “se veía sospechoso.” El oficial injustamente detuvo a la Sra. Castro y sus pasajeros por varias horas, interrogándolos a lado de la carretera sobre su estatus migratorio y deteniéndose hasta que llegaron los oficiales de ICE.
“Los oficiales de la policía que asumen el deber de ejecutar las leyes de inmigración continúan un gran legado de vigilancia que debe ser desafiada en cada instante,” dijo Reggie Shuford, director ejecutivo de la ACLU de Pensilvania. “Estamos satisfechos que la policía estatal abordara el problema, pero otras agencias de seguridad pública deben estar conscientes de que, si violan la ley y tratan de ejecutar la ley civil de inmigración, deben esperar una demanda.”
El acuerdo provee un pago total a los demandantes de $865,000, lo cual incluye cuotas legales.
Los demandantes son representados por Witold Walczak y Vanessa Stine de la ACLU de Pensilvania y Jonathan Feinberg de Kairys, Rudovsky, Messing, Feinberg & Lin LLP; Mark Taticchi, Emmanuel Brown, Elizabeth Casey, Charles Lange, y Amanda Pasquini de Faegre Drinker; y Seth Kreimer de la Escuela de Leyes de la Universidad de Pennsylvania.
Puede encontrar más información sobre la demanda y el acuerdo en aclupa.org/marquez-psp
