Las escuelas de Pensilvania dicen que la victoria en la corte es definitiva y se necesita aumentar los fondos
Los legisladores deberían tomar medidas para abordar un fallo judicial ahora definitivo de que el sistema de financiación de las escuelas públicas de Pensilvania viola los derechos constitucionales de los estudiantes en los distritos escolares más pobres, dijeron el pasado lunes los abogados de los distritos y grupos que demandaron.
La decisión del juez de febrero no será apelada después de que la fecha límite para presentar la solicitud llegará y se fuera durante el fin de semana.
Los demandantes demandaron originalmente en 2014, argumentando que el sistema de pago de las escuelas públicas de Pensilvania está fallando en los distritos más pobres y afirmando que se necesitan miles de millones de dólares más en ayuda estatal para cumplir con la obligación constitucional del estado.
Si bien la jueza estuvo de acuerdo, tampoco instruyó a la Legislatura políticamente dividida de Pensilvania sobre cuánta más ayuda estatal distribuir, o cómo.
Los demandantes, incluidos seis distritos escolares, la NAACP y la Asociación de Escuelas Rurales y Pequeñas de Pensilvania, quieren que los legisladores cumplan con el fallo del juez, garantizando que cada distrito tenga los recursos adecuados.
“La decisión ahora es definitiva y no hay excusa para que los legisladores estatales retrasen más la acción”, dijeron los abogados de los demandantes, del Public Interest Law Center, Education Law Center y el bufete de abogados O’Melveny & Myers, en un comunicado.
Los líderes republicanos de la Cámara y el Senado de Pensilvania se habían opuesto a la demanda y no habían dicho previamente si apelarían ante la Corte Suprema del estado.
Reconocieron su decisión de no apelar, pero tampoco se comprometieron a enviar más ayuda estatal a los distritos escolares más pobres del estado, el objetivo clave de la demanda.
El gobernador Josh Shapiro, demócrata, así como los legisladores demócratas, habían apoyado a los demandantes.
Durante un juicio de meses de duración, los abogados de los demandantes presentaron pruebas de que las escuelas están subfinanciadas en $4.600 millones, una estimación que, según dijeron, no tiene en cuenta las brechas en el gasto en educación especial, edificios escolares y otras instalaciones.
Ni Shapiro ni los legisladores han elaborado un plan para abordar los hallazgos en el Tribunal de la Commonwealth en todo el estado y la experiencia en otros estados sugiere que no hay garantía de un cambio rápido, significativo o duradero para los distritos escolares más pobres que demandaron.
“Incluso con la decisión de los líderes republicanos de no impugnar la decisión de la Corte de la Commonwealth, incluso con la evidencia convincente que se ha proporcionado, creo que la presión pública aún tendrá que continuar para hacer esto y hacerlo bien”, dijo el senador estatal Vince Hughes, demócrata de Filadelfia.
El litigio en el caso no necesariamente puede terminar.
“Estamos a la espera y estamos listos para volver a la corte tan pronto como sintamos que los legisladores estatales no están respondiendo a la orden del juez de proporcionar los fondos necesarios para que los estudiantes tengan su derecho a la educación garantizado constitucionalmente”, dijo a los periodistas Katrina Robson, una de las abogadas de los demandantes.
El juez escribió que los estudiantes en áreas con bajos valores de propiedad e ingresos “están privados de las mismas oportunidades y recursos” que aquellos en áreas más prósperas.
Esa disparidad no está justificada y viola tanto las obligaciones del estado de educar a los estudiantes como los derechos de protección igualitaria de los estudiantes, escribió el juez.
Por ahora, el gobierno estatal está atrapado en un estancamiento presupuestario partidista de cuatro semanas entre Shapiro, la Cámara controlada por los demócratas, y el Senado controlado por los republicanos.
La lucha giraba, en parte, en torno al uso de dólares de los contribuyentes para pagar a los estudiantes para que asistieran a escuelas privadas y religiosas, y los republicanos señalaron el lunes que cualquier discusión sobre el cumplimiento de la orden del juez involucrará ese concepto.
El líder de la minoría de la Cámara de Representantes, Bryan Cutler, republicano por Lancaster, dijo en un comunicado que el dinero por sí solo no resolverá los desafíos de la educación pública y que el «sistema educativo impulsado por el gobierno» no responde lo suficiente a los padres y estudiantes.
Los líderes republicanos del Senado dijeron en un comunicado que el fallo requerirá que los legisladores empoderen a los padres, simplifiquen los servicios y logren un equilibrio entre «abordar las necesidades de los estudiantes y respetar la capacidad de los contribuyentes para pagar los costos».
Sin embargo, Dan Urevick-Ackelsberg, del Public Interest Law Center, dijo que enviar dinero a las escuelas privadas no acerca a Pensilvania «un dólar más cerca» de cumplir con el fallo.
El cumplimiento se medirá asegurándose de que cada distrito escolar tenga suficiente personal, un plan de estudios moderno y edificios escolares seguros, dijo.
«El resultado tiene que ser un sistema que proporcione a los distritos escolares suficientes recursos para que puedan brindarles a sus estudiantes todas esas cosas», dijo Urevick-Ackelsberg.
Con información de AP
