Mayo es el Mes de la Concientización de la Salud Mental, y las adicciones suelen desatarse por la automedicación por la falta del tratamiento de una condición mental de origen químico y biológico, además de los provocados por el ambiente psicosocial.
A causa del recrudecimiento de la crisis por el consumo de opioides, ha recobrado revuelo el tema de los polémicos supervised injection sites, sitios de inyección supervisados, que han sido rechazados por varios sectores en Filadelfia.
El Comité Judicial del Senado estatal aprobó un proyecto de ley de la senadora Tina Tartaglione, en contra de la operación de sitios supervisados de inyección o consumo seguro, lugares donde las personas podrían acudir para inyectarse o usar drogas ilícitas bajo la observación de profesionales médicos que pueden intervenir en caso de sobredosis.
Los legisladores que se oponen a dichos sitios dijeron que las estrategias locales para abordar la crisis de adicciones y opioides deberían centrarse en expandir los programas y servicios de tratamiento.
“Mis electores no quieren sitios de inyección seguros en el vecindario”, dijo la senadora demócrata Christine Tartaglione, quien representa partes del norte y noreste de Filadelfia, incluidos Kensington y Allegheny. Ella es una de los principales patrocinadores del proyecto de ley para prohibir los sitios de inyección supervisados.
“Creo que permite la adicción”, dijo. Y agregó que los esfuerzos deberían de enfocarse en dar tratamiento a estas personas.
Tartaglione enfatizó que el proyecto de ley no afectaría otros tipos de programas y servicios de reducción de daños, como el intercambio de agujas.
El senador demócrata Nikil Saval, que representa a Center City y partes del sur y norte de Filadelfia, se unió a la minoría de legisladores que están a favor de los centros de inyección supervisada. Josh Shapiro, ha dicho en repetidas ocasiones que él se opone a estos sitios.
El proyecto de ley propone un cambio en la Ley estatal de Sustancias Controladas, Drogas, Dispositivos y Cosméticos. Las personas que operen espacios de inyección y consumo supervisados podrían enfrentar hasta 20 años de prisión, una multa de hasta $500,000 o ambas.
La sanción para las organizaciones sería de $2,000,000. La legislación no se aplica al programa de marihuana medicinal, o lugares donde los proveedores de salud prescriben o dispensan sustancias controladas como la metadona para fines médicos.
Por el otro lado, el grupo sin fines de lucro, Pennsylvania Harm Reduction Network, dijeron que recopilaron más de 300 cartas de miembros de la comunidad y expertos que detallan su oposición a una prohibición.
KENSIGTOWN NO TIENE PARAGONES
Los sitios de inyección supervisados han existido en Canadá, Europa y Australia durante décadas y aunque hay investigaciones muestran que estos programas pueden reducir las sobredosis mortales, impulsar tratamientos y disminuir el consumo de drogas en los espacios públicos; es un hecho visible que ni en Filadelfia ni en los entornos, hay suficientes centros de estabilización y servicios para poder aplicar los tratamientos de contención y rehabilitación a la numerosa población adicta de diversas partes,que está viviendo en las calles de Kensington. Un barrio que le ha dado la vuelta al mundo por el abandono decenal en cuyas calles circulan cada vez más enfermos, descritos como “zombis.
El Departamento de Salud de la ciudad, nos corroboró que no hay una encuesta o un recuento de usuarios de opioides en la ciudad, y como tal no saben de dónde son, pero en un sondeo a pie por el barrio, pudimos constatar que vienen inclusive de otros estados, atraídos por la anarquía en la que se vive.
También constatamos llamando a la mayoría de los proveedores de la región, que las listas de espera para tener atención de un profesional calificado de la salud mental, aún más especializado en adicciones, llegan a superar los 7 meses y para menores aún más. Según varios testimonios que prefieren conservar el anonimato, los hospitales especializados están saturados, y suelen esperar en las salas de emergencias para su ingreso a una clínica de salud mental, y al no obtenerlo después de varios días, las abandonan.
El sistema está colapsado, y aunque haya muchos recursos económicos, no hay ni profesionales, ni instalaciones suficientes, tal como lo reconoció a Impacto el mismo secretario de Salud y Servicios Humanos, (Department of Health and Human Services “HHS”) Xavier Becerra, quien estuvo en el área la semana pasada.
Sin embargo, según el Departamento de Salud de Filadelfia, le respondió a Impacto que Departamento de Servicios de Salud del Comportamiento y Discapacidades Intelectuales (DBHIDS por sus siglas en inglés) no tiene una lista de espera para el manejo de abstinencia (anteriormente llamada desintoxicación o rehabilitación), y está a disposición este número para los que requieran asistencia (888) 545-2600, y para crisis inmediata el 988.
Por su parte, directivos de servicios de salud mental en Filadelfia, como Hector Ayala, presidente de la Coalición Latina de Salud Conductual en Filadelfia, reconoce que uno de sus principales problemas es la falta de persona, pues hay un gran déficit de personal calificado y aún menos, culturalmente competente.
Los que están en contra de los sitios de inyección supervisada, creen que lo único que van a hacer, es atraer a más adictos de afuera, a esas zonas en las que los residentes, son en su mayoría latinos, como en el caso de Kensington, sin un plan integral que realmente los conecte con la rehabilitación.
¿Por qué no los ponen en el centro de la ciudad? Pregunta una lectora de Impacto.
Aunque ya haya terminado la pandemia, muchos de los negocios del área que han sobrevivido, han preferido mantener sus puertas cerradas y solo dar servicio por las ventanillas, retrayendo aún más sus ganancias que se han visto afectadas.
LA CONTROVERSIA SE EXTIENDE EN TODO EE. UU.
Safehouse, la organización sin fines de lucro que ha intentado durante años establecer un centro en Filadelfia, y en el 2019 su plan era empezar en el sur de la ciudad, donde no se vive la crisis que hay en el norte, lo que alarmó de inmediato a los vecinos de esa zona y se organizaron y manifestaron contrarios. La que hubiera sido la primera instalación de la nación, no prosperó ante las batallas legales con el Departamento de Justicia de EE. UU.
La ciudad de Nueva York tiene un par de sitios de inyección supervisado en funcionamiento del país, a pesar de que estos programas se consideran ilegales según la ley federal.
Una victoria de Safehouse a organización que la quiere implementar en Filadelfia, tendría repercusiones más allá de la ciudad, pues abriría un camino legal para que las organizaciones abran sitios en todo el país, pero no en Pensilvania, en caso de que la legislatura estatal apruebe la prohibición.
En Filadelfia, el alcalde Jim Kenney y el Departamento de Salud Pública de la ciudad apoya a los sitios de inyección supervisada. En recientes declaraciones para Impacto, a través de un vocero de la Ciudad, reiteraron su posición. “La Administración apoya los centros de prevención de sobredosis (OPC, por sus siglas en inglés) como una forma comprobada de salvar vidas y está lista para trabajar con los socios de la Ciudad y el gobierno federal para planificar una operación segura y efectiva. Si surge un camino legal para la apertura, la Ciudad está comprometida a un amplio compromiso con los funcionarios locales y los grupos comunitarios.
Y argumentan que ante la a crisis de sobredosis en Filadelfia, que cobra más de 1,200 vidas cada año, se hacen necesarios todos los métodos disponibles para salvar vidas. “Un centro de prevención de sobredosis agregaría una herramienta poderosa a nuestras estrategias existentes de reducción de daños”.
LA AMBIGUIEDAD FEDERAL
La administración de Biden está implementando una nueva estrategia coordinada que espera ralentice el aumento amenazante de las muertes por sobredosis de drogas.
Estamos dispuestos a ir a lugares donde nuestras opiniones y nuestras tendencias no nos han permitido ir [antes]”, dijo el secretario de Salud, Xavier Becerra, en una entrevista con NPR poco después de tomar el cargo.
Becerra ha dicho que el gobierno federal apoya medidas consideradas de reducción de daños. Eso significa brindar apoyo y atención directos a las personas que consumen activamente drogas ilegales.
El HHS respalda los programas de intercambio de agujas limpias diseñados para frenar la propagación de enfermedades como el VIH/SIDA y la hepatitis entre los usuarios de drogas.
El gobierno federal también proporciona tiras reactivas de fentanilo para ayudar a los usuarios activos de drogas a identificar las drogas callejeras contaminadas.
En una entrevista con NPR, al inicio de su administración, el secretario Becerra inicialmente sugirió que su agencia podría estar abierta a la que es considerada, una de las estrategias de reducción de daños más controvertidas, la creación de sitios de consumo supervisado, pero en un comunicado enviado a NPR, un portavoz del HHS se retractó del comentario de Becerra.
«HHS no tiene una posición en los sitios de consumo supervisado», se lee en el comunicado. «El problema es un asunto de litigio en curso. El secretario simplemente estaba enfatizando que el HHS apoya varias formas de reducción de daños para las personas que usan drogas».
Aunque argumentan que reduciría las tasas de mortalidad y la transmisión de enfermedades, el costo para los vecindarios no está siendo considerado.
También en Carolina del Norte y Virginia Occidental, existe presión para cerrar o restringir los mismos programas de reducción de daños
Más de 9 millones de estadounidenses abusaron de los analgésicos durante el primer año de la pandemia, arriesgándose, pues muchos medicamentos opioides vendidos en la calle son falsificados y vienen mezclados con fentanilo.
Aunque el gobierno federal ha venido estableciendo un programa para reducir las desigualdades raciales y regionales en la forma en que se trata a las personas con adicciones, esto aún no se ve en las políticas que en Filadelfia se están ejecutando, y los resultados saltan a la vista en Kensington.
La administración de Biden distribuyo en el 2022 $30 millones en subvenciones sin precedentes destinadas a estrategias de reducción de daños para combatir el abuso de opioides, incluida la financiación para el intercambio de agujas y tiras reactivas de fentanilo.
La Administración de Servicios de Salud Mental y Abuso de Sustancias (SAMHSA, por sus siglas en inglés) ha repartido dinero en programas para la reducción de daños, incluso de atención primaria y otros tipos de proveedores.
Las subvenciones incluyen gobiernos estatales y locales y organizaciones comunitarias, así como organizaciones primarias y de salud conductual.
Como senador de los EE. UU., Joe Biden fue uno de los principales autores de la ley federal de delitos de drogas de 1985, pero en los últimos años ha cambiado considerablemente su postura sobre la adicción y el uso de sustancias. Biden ha reconocido que las disparidades en las sentencias de la ley entre el crack y la cocaína en polvo condujeron a injusticias raciales, y presentó un nuevo proyecto de ley para erradicar la diferencia. El lenguaje de Biden sobre la adicción también ha cambiado, especialmente en el contexto de la lucha de su hijo Hunter con ella.
EL PLAN DE LA CIUDAD PARA ENFRENTAR LA CRISIS
La ciudad de Filadelfia lanzó el miércoles 26 su plan de acción integral de respuesta a sobredosis 2023, actualizando los esfuerzos actuales, con $20 millones en nuevas inversiones estratégicas de los fondos de liquidación de opioides anunciados a principios de año.
Reconocen que las disparidades raciales en las muertes por sobredosis no intencionales continúan ampliándose, lo que enfatiza la necesidad de que Filadelfia se base en una respuesta comunitaria equitativa en toda la ciudad.
Buscarán dar una respuesta integral y holística en todos los departamentos, proveedores de servicios sociales, seguridad pública y socios comunitarios”. Dijo el director Gerente Tumar Alexander. “Los habitantes de Filadelfia están sufriendo, y es fundamental mejorar las condiciones que ponen a los residentes en riesgo de sobredosis.
Noelle Foizen, directora de la Unidad de Respuesta a Opioides. “Nada de este trabajo es posible sin mantener un diálogo abierto con los miembros de la comunidad que continúan responsabilizando a la Ciudad y el compromiso continuo de garantizar que los habitantes de Filadelfia con experiencias vividas informen y participen directamente en nuestros esfuerzos”.
Son $3.5 millones a destinar a las organizaciones comunitarias que actúen como mensajeros comunitarios de confianza para llevar recursos de prevención a las comunidades afectadas.
Dentro de la descripción general del plan, se contempla de manera sintética:
• Actualizaciones sobre los esfuerzos coordinados de la Ciudad en todos los departamentos para prevenir sobredosis, ampliar el acceso al tratamiento, mejorar la seguridad pública y apoyar a las comunidades afectadas por la crisis de sobredosis en Filadelfia.
• Ampliar el alcance y la participación de la comunidad culturalmente afirmativa en toda la ciudad, asegurando que los afroamericanos y latinos afectados de Filadelfia tengan acceso equitativo a los recursos y servicios necesarios.
• Lanzamiento de metadona móvil en toda la ciudad, haciendo que el tratamiento para el trastorno por uso de sustancias que salva vidas esté disponible en la calle.
• Interrumpir los mercados de drogas al aire libre en Kensington a través de la Intervención en el Mercado de Drogas (DMI), en asociación con las agencias policiales locales, estatales y federales y la Red Nacional para Comunidades Seguras.
• Aumentar el número de oportunidades de vivienda permanente y de apoyo para ayudar a las personas sin hogar en diferentes etapas de recuperación.
• Ampliar los servicios de reducción de daños y la educación en toda la ciudad, incluido el intercambio de jeringas, naloxona y distribución de tiras de fentanilo.
(DBHIDS, por sus siglas en inglés) lanzó la primera camioneta móvil autorizada para el cuidado de heridas en Pensilvania en respuesta a la xilazina, un tranquilizante para animales, y trató a 1,254 pacientes con heridas graves.
Según el reporte, la Oficina de Servicios para Personas sin Hogar y DBHIDS completaron la iniciativa 100 Day Challenge en Kensington que dio como resultado que más de 400 personas accedieran a servicios de vivienda y tratamiento a través de esfuerzos simplificados en más de 20 proveedores.
“La Administración apoya los centros de prevención de sobredosis (OPC, por sus siglas en inglés) como una forma comprobada de salvar vidas y está lista para trabajar con los socios de la Ciudad y el gobierno federal para planificar una operación segura y efectiva. Si surge un camino legal para la apertura, la Ciudad está comprometida a un amplio compromiso con los funcionarios locales y los grupos comunitarios.
La crisis de sobredosis en Filadelfia cobra más de 1,200 vidas cada año y a medida que esta crisis empeora, creemos que es fundamental utilizar todos los métodos disponibles para salvar vidas. Un centro de prevención de sobredosis agregaría una herramienta poderosa a nuestras estrategias existentes de reducción de daños”.
