La coalición Release Our Loved Ones denunció que inmigrantes en el centro de detención de York, en Pensilvania, han sido víctimas de represalias del Servicio de Control de Inmigración y Aduanas (ICE) tras declarar una huelga de hambre exigiendo ser liberados.
El pasado 23 de julio unos 30 inmigrantes, de unos 300 detenidos en ese centro, declararon la huelga tras darse a conocer el fin del contrato entre esa prisión y el ICE, y pidieron ser enviados con sus familiares en lugar de ser transferidos.
De acuerdo con un comunicado de organizaciones proinmigrantes, el ICE presuntamente envió a seis empleados de la cárcel «para presionar a las personas para poner fin a la huelga con taser (pistolas de choques eléctricos) y armas de fuego».
«Los huelguistas fueron privados de inmediato de teléfonos, televisores y duchas, lo que ha evitado que puedan comunicarse con sus abogados y familias», indicó en un comunicado la coalición, que incluye a la Unión Estadounidense de Libertades Civiles (ACLU).
Erika Guadalupe Núñez, directora ejecutiva de Juntos, una de las organizaciones de la coalición, indicó que el ICE logró poner fin a la huelga de hambre.
El pasado 2 de julio el ICE anunció el fin de su relación de casi 30 años con la prisión del condado de York tras no lograrse un acuerdo para un nuevo contrato que negociaron durante 120 días.
El condado ya no albergará detenidos del ICE en la prisión después del 12 de agosto, por lo que la agencia federal comenzó el traslado de los inmigrantes, lo que llevó a un grupo a declarar la huelga de hambre exigiendo ser enviados con sus familiares en lugar de ser enviados lejos.
«Ellos no tienen que trasladar a las personas, pueden liberarlas», dijo Núñez, y explicó que en el centro permanecen 100 inmigrantes y que han sabido que 20 serán trasladados el sábado a otros centros que desconocen.
Indicó que al menos 92 han sido liberados y que los restantes han sido transferidos lejos de Pensilvania a centros en estados que incluyen a California, Texas o Florida, y que eso ocurre sin que los inmigrantes puedan informarlo a sus abogados o familias por habérseles privado de teléfonos.
«Apoyamos las demandas de los detenidos y exigimos que el ICE cambie a liberaciones inmediatas, no transferencias», afirmó Núñez, mientras que el Movimiento de Inmigrantes Líderes en Pensilvania (MILPA) expresó también su apoyo a los detenidos y los que ejercen su derecho a ser escuchados y hacer demandas por su bienestar, seguridad y liberación.
«La Administración del presidente Joe Biden puede y debe hacer más por tantas familias que permanecen separadas por la detención en nuestro país», afirmó la directora de la organización, Desi Burnette.
La prisión de York comenzó a aceptar detenidos de inmigración en la década de 1990 después de que el carguero Golden Venture encalló cerca del puerto de Nueva York. Algunos de los inmigrantes chinos a bordo fueron detenidos en York durante años mientras solicitaban asilo.
A principios de la década de 2000, esta prisión fue el centro de detención más grande del país para lo que entonces era el Servicio de Inmigración y Naturalización (SIN), y albergaba a unos 800 detenidos por 60 dólares al día cada uno, que al momento de anunciarse el fin del contrato eran 108 dólares.
