La victoria de Trump (retomando los republicanos el control del Senado y la Cámara de Representantes) y el respaldo añadido de la mayoría conservadora en el Tribunal Supremo, harán que el presidente pueda desarrollar la retórica más radical en materia de inmigración anunciada en su campaña: “la deportación más grande en la historia de América”, en la que usaría a la policía local.
Sin embargo, la ley permite que desde los estados se puedan adoptar ciertas medidas legislativas que mitiguen políticas federales. Este fue el caso de Delaware en la anterior presidencia Trump y podría serlo nuevamente en caso de necesidad.
Los inmigrantes indocumentados ascendían en Delaware a unas 25,000 personas en 2022, según datos de Pew Research Center, (25% de la población inmigrante y 2.4 % de la población total del estado en 2022).
Según datos del American Immigration Council, alrededor de 29.691 personas en Delaware (incluidos 14.851 ciudadanos estadounidenses), vivieron con al menos un miembro de la familia indocumentado entre 2010 y 2014.
En el también llamado Primer Estado, los demócratas controlan las cámaras y la gobernación desde 1989. Las elecciones de noviembre han mantenido esta sintonía y lo que se ha producido ha sido un intercambio de posiciones públicas entre los líderes del partido.
El gobernador del estado, John Carney, será alcalde de Wilmington. Matt Meyer, ejecutivo del condado de New Castle, ha pasado a ser gobernador electo. La representante en Washington Lisa Blunt–Rochester, será senadora en la capital y Sarah McBride, que se desempeñaba como senadora estatal sustituirá a Blunt–Rochester en la Cámara de Representantes en Washington, por citar algunos.
El análisis de las políticas migratorias que han venido apoyando y desarrollando pueden arrojar indicios sobre la política que desarrollarán en sus nuevas posiciones.
Previamente se han mantenido alineados con las directrices demócratas, también en materia de inmigración (algo que ha tenido continuidad en la reciente campaña electoral) ya sea de forma expresa o implícita. Varios de ellos tienen en sus equipos personal bilingüe –o ellos mismos hablan español–. Es habitual que apoyen y participen actividades organizadas por la comunidad hispana local. Los hispanos –incluidos los indocumentados– mantienen una relación de confianza con ellos, compartiéndoles inquietudes y peticiones.
Es especialmente importante, por la trascendencia en su nueva posición como gobernador, conocer qué hizo Meyer como ejecutivo de New Castle bajo la anterior presidencia de Trump.
En mayo de 2017, Meyer emitió una orden ejecutiva (“The Safety, Security and Rights of Residents of New Castle County Executive Order 17–003”) conocida como “Safe and Inclusive Communities” prohibiendo a las fuerzas del orden del condado de New Castle detener, interrogar, registrar o arrestar a una persona debido a su estatus migratorio, e igualmente prohibiendo a los funcionarios del condado cooperar con las operaciones federales de control de inmigración.
Aseguró que los recursos del condado no se pusieran al servicio de la aplicación de la ley federal sobre inmigración.
A modo de ejemplo se prohibió al condado celebrar acuerdos que autorizasen a la Policía de New Castle actuar como agentes de inmigración, impidiendo la firma de “Acuerdos 287(g)” o Acuerdos de Servicio Intergubernamental, prohibición de participar en operaciones conjuntas con “ICE” o la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza de los Estados Unidos (“CBP”), a menos que fuera para investigación del terrorismo o movimiento ilegal de personas y bienes (explotación infantil, trata de personas, lavado de dinero, narcóticos, contrabando de armas de fuego, etc.).
Prohibió que se condicionase la prestación de servicios del condado al estado migratorio y en los casos en que se aceptaba una licencia de conducir o tarjeta de identificación emitida por el estado como prueba de identidad, también se aceptó la presentación de un documento de identidad con fotografía emitido por el país de origen de la persona (licencia de conducir, pasaporte o una matrícula consular).
Estas políticas progresistas se combinaron con las ya existentes en todo el estado desde 2015 (aprobadas bajo el gobernador Jack Markell) respecto de la existencia de tarjetas de manejo privilegiadas (DPC) emitidas por la División de Vehículos a Motor de Delaware (DMV), con validez para conducir dentro del estado a los residentes indocumentados del mismo que cumplan con ciertos requisitos de elegibilidad (incluyendo haber realizado el pago de impuestos al estado durante al menos los dos años inmediatamente anteriores a su emisión.
En 2019 Meyer dijo sobre los inmigrantes indocumentados trasladados a Delaware, «Estamos aquí para afrontar a un presidente que rechaza a los refugiados, que convierte a los inmigrantes en chivos expiatorios y gobierna con cobardía egoísta en lugar de compasión» y añadió «No solo los albergaremos, sino que los acogeremos. Y los acogeremos porque los refugiados nos hacen más fuertes».
Todo este clima estatal favorable, hace percibir que, por el momento, el colectivo inmigrante indocumentado se mantenga con una relativa calma y a la espera de que la ejecución de políticas federales en materia migratoria afecte solo a personas convictas por delitos no migratorios sino criminales.
