La Unión Americana de Libertades Civiles (ACLU) de Pensilvania anunció el pasado 18 de enero, que Mike Lee es su nuevo director ejecutivo. Un filadelfiano de toda la vida, Lee, se une a la organización después de servir por seis años en la administración del Fiscal de Distrito de Filadelfia, Larry Krasner.
En el comunicado detallan que ACLU de Pensilvania se encuentra en el tercer año del plan estratégico de tres años en el cual la organización ha priorizado el derecho al voto, la excarcelación y la reforma policial, al mismo tiempo que se da espacio para trabajar en asuntos emergentes, como acceso al aborto, censura en las escuelas e igualdad para LGBTQIA+.
En declaraciones para Impacto, Lee compartió otras de sus prioridades en especial para la comunidad latina e hispana de la región.
«Sabemos que la comunidad latina en Filadelfia y Pensilvania enfrenta una serie de desafíos en los que la ACLU puede ayudar. Por un lado, queremos estar seguros de que los derechos de voto estén protegidos para todos. Con la democracia en riesgo, queremos estar seguros de que todos los electores, incluidos los hispanohablantes, tengan acceso a las elecciones, sin barreras.
Ante la violencia que se vive en la ciudad añadió «También somos muy conscientes de que la seguridad pública está en la mente de muchos habitantes de Filadelfia. Por eso también hemos priorizado soluciones inteligentes al crimen y al sistema legal penal. Los formuladores de políticas en el Ayuntamiento y en Harrisburg están invirtiendo miles de millones de dólares en prisiones y policía. Pero queremos que den prioridad al gasto de dinero público en servicios que prevengan el crimen y mejoren la vida de las personas, como tratamiento de salud mental, tratamiento por uso de sustancias y defensores públicos de alta calidad para personas que no pueden pagar un abogado”.
En pleno año electoral, el asunto migratorio y la crisis de la frontera, vuelve a ser tema de disputa partidista, ante la vulnerabilidad de muchos de los migrantes, agregó «También exigimos que los gobiernos federal, estatal y local traten a los inmigrantes con justicia y respeten su derecho al debido proceso. Queremos un sistema de inmigración que mantenga unidas a las familias y brinde a las personas la oportunidad de vivir una vida plena en los Estados Unidos. Eso significa evitando que ICE interfiera en los tribunales locales, disminuyendo el uso de detenciones de ICE y garantizando servicios lingüísticos para hispanohablantes durante sus casos de inmigración”. Concluyó.
«We are also keenly aware that public safety is on the minds of many Philadelphians. So we’ve also prioritized smart solutions to crime and the criminal legal system. Policymakers in City Hall and in Harrisburg are investing billions of dollars on prisons and police. But we want them to prioritize spending public dollars on services that prevent crime and improve people’s lives, like mental health treatment, substance use treatment, and high-quality public defenders for people who can’t afford an attorney.
«I am ready to get to work to protect and advance the civil liberties of everyone in the commonwealth. And I am excited to share my experiences with ACLU members and other stakeholders and hear their experiences and feedback as I begin my journey in this role.”
