Verónica Pérez al inicio de la pandemia estaba muy preocupada; como madre soltera que cría a una hija de 5 años, solo una pregunta pasaba por su mente cada vez que pensaba en contraer el coronavirus: ¿Quién cuidaría de Aurora? Ella había sido despedida en marzo de la compañía de catering donde trabajaba, por lo que fue bastante fácil quedarse en casa. Aun así, de alguna manera, a principios de mayo, desarrolló un dolor de cabeza que no podía deshacerse. Un par de días después, su temperatura estaba aumentando, y más tarde apenas podía respirar.
Empezó a entrar en pánico. Sabía que la gente estaba muriendo de COVID-19 y quería una prueba. Comenzó a hacer llamadas, pero Pérez, quien es de México, no habla inglés y tuvo problemas para comunicarse con la gente del otro lado de la línea. Ella entendió lo suficiente como para saber que estaban diciendo que no podrían ayudarla si no era una paciente en su sistema; otros dijeron que necesitaba una referencia o una nota del médico. Pérez no tiene seguro y no tiene médico de atención primaria.
“Lo único que decían era que me quedara en casa”, recordó Pérez en español. “Está bien, me quedaré en casa. ¿Qué pasa si muero en casa? “
Filadelfia tiene más del 15 % de latinos, pero los latinos representan solo el 6.2 % de los que se han hecho la prueba del coronavirus en la ciudad; a pesar de que los latinos como los afroamericanos tienen un mayor riesgo de contraer el virus, en parte, porque son más propensos a trabajar en trabajos esenciales y a vivir en estrecha convivencia. También es más probable que la enfermedad sea más grave si la contraen, en parte debido a la prevalencia de condiciones de salud subyacentes.
Además de todo eso, algunos latinos enfrentan barreras lingüísticas, altas tasas de falta de seguro y un clima político que genera temor de entrar en contacto con oficinas médicas o gubernamentales, haciendo que el virus sea aún más difícil de contraer antes de que se propague.
Miedo a buscar ayuda
Eventualmente, Verónica pidió ayuda a Crisol, un grupo de salud comunitario afiliado a la Universidad de Drexel en el que está involucrada. Una gerente de proyecto, Claudia Zumaeta Castillo, pudo coordinar una derivación de un médico en una clínica comunitaria con la que Crisol colabora estrechamente. Usando la referencia, pudo programar una cita para que se hiciera la prueba en Penn Medicine.
Los resultados fueron positivos y se aisló en casa lo mejor que pudo mientras seguía cuidando a su hija. Estaba tan exhausta que apenas podía dar los 15 pasos para ir al baño. Durante cuatro noches, cuando se acostaba en su cama, le preocupaba no despertar. Pero nunca consideró ir al hospital.
“Para los latinos indocumentados, existe un temor increíble de lo que les sucederá si buscan servicios de salud”, dijo Ana Martinez-Donate, profesora de salud comunitaria y prevención en la Escuela de Salud Pública Dornsife de Drexel.
“Existe el temor de que las autoridades de inmigración puedan ser alertadas. Esa es una barrera enorme que aumenta las dudas y lleva a la gente a evitar los servicios de salud a veces por completo”, dijo Martinez-Donate.
Incluso para aquellos que tienen visas o la residencia, la regla de cargo público de la administración de Trump es otro elemento disuasorio. La póliza, que entró en plena vigencia en todo el país después de muchas idas y venidas en los tribunales, cuenta un historial de cobrar beneficios públicos, incluyendo Medicaid o Medicare, como puntos en contra de alguien en una solicitud de ciudadanía.
Las pruebas y el tratamiento para COVID-19 no cuentan para la regla del cargo público, pero Martínez dijo que muchos latinos no lo saben.
No fue el estado migratorio de Pérez lo que le impidió ir al hospital, dijo. En cambio, temía la enorme factura del hospital que podría recibir por correo. Pérez no tiene seguro médico, y el 18 % de la población latina de Filadelfia tampoco, según las cifras locales más recientes. Eso se compara con una tasa del 10 % de habitantes de Filadelfia sin seguro en toda la ciudad.
Así que Pérez se cuidó en casa. Cualquier movimiento leve la agravaba y le provocaba un ataque de tos. Todo lo que necesitaba, lo comunicaba por mensaje de texto; incluso hablar le hacía toser violentamente. Su hija de 5 años le rogó que la abrazara y se cuidó mientras su madre se recuperaba.
Enfermarse es un lujo
Pérez pudo permanecer aislada, porque la habían despedido, ir a trabajar ni siquiera era una opción. Pero otros sienten una enorme presión para continuar en sus trabajos.
Sin acceso a beneficios de desempleo o cheques de estímulo federal, las personas indocumentadas pueden depender más de sus empleadores para obtener ingresos durante la pandemia que otros. También pueden tener menos protecciones en el lugar de trabajo, como licencia por enfermedad pagada, lo que los hace más propensos a ir a trabajar mientras están enfermos o incluso después de haber dado positivo en la prueba.
Bertha González ha encontrado a muchas personas que no podían permitirse el lujo de ausentarse del trabajo, a pesar de que tenían síntomas claros de COVID-19. Trabaja a tiempo parcial como enlace comunitario para Puentes de Salud, una clínica de salud comunitaria en el sur de Filadelfia.
“En casa, tienes más cuidadores que alguien que está en el hospital, donde nadie puede cuidar de ti… En casa, puedes comer sopa de pollo y agua caliente y sentirte un poco mejor. La gente piensa que el hospital los mata “.
Los latinos mayores de 75 años tienen la tasa de mortalidad más alta por COVID-19 de cualquier otro grupo en Filadelfia, según datos del Departamento de Salud Pública de la ciudad.
La propia Bertha tuvo un susto cuando su madre de 70 años contrajo el virus. Su madre tiene diabetes; tiene seguro y ve a un médico con regularidad, por lo que pudo hacerse una prueba en una clínica de salud de la ciudad rápidamente; ella y su esposo y sus hijos viven con su madre; sus hermanos y sus cónyuges también habían sido expuestos. Sin seguro, fue un desafío. Llamaron a las farmacias sin mucha suerte. En fin, pudieron hacerse la prueba en Puentes de Salud justo cuando comenzaba su programa de pruebas. Ocho de los 10 miembros de la familia dieron positivo.
Los hogares multigeneracionales son más comunes entre los latinos que entre las familias blancas, lo que hace que sea más difícil cumplir con las pautas de distanciamiento social.
No fue hasta julio que el Departamento de Salud de Filadelfia presentó la solicitud de propuestas para que los grupos comunitarios se convirtieran en sitios de pruebas lo que permitió que Puentes comenzara a ofrecer pruebas.
González dijo que la demanda era enorme inmediatamente. Algunas personas que buscan pruebas se sienten enfermas; otros sólo necesitan demostrar a los empleadores que no están enfermos, ya que cada vez más personas están siendo llamadas de nuevo a sus puestos de trabajo.
“La gente necesita un documento que diga que están libres de COVID para regresar al trabajo”, dijo Bertha. “La línea está fuera de la puerta”.
Nota de la editora: Este artículo se publicó originalmente el 18 de septiembre en inglés y fue escrito por por Nina Feldman para WHYY. Fue traducido por Cristina Paulino, editado por Gabriela Rivera para Kensington Voice y adaptado por Impacto para su versión impresa.
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