Estados no están usando el dinero federal que recibieron para zanjar disparidades de salud por COVID
La administración Biden anunció en marzo de 2021 que invertiría $2,250 millones para hacer frente a las disparidades de salud por COVID, la mayor iniciativa de financiación federal diseñada específicamente para ayudar a las comunidades desatendidas más afectadas por el virus.
Dos meses después, los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades (CDC) concedieron subvenciones a los departamentos de salud estatales y a unas 60 agencias de salud de ciudades y condados. Debían destinar el dinero a controlar la propagación de COVID entre personas de grupos raciales y étnicos minoritarios en mayor riesgo, y personas que viven en zonas rurales.
Un año después, cuando COVID ya ha matado a un millón de personas y hospitalizado a millones más, los funcionarios de salud pública han gastado muy poco o nada del dinero, según un sondeo de KHN realizado entre una docena de organismos estatales y de condado.
Missouri no ha gastado nada de sus $35,6 millones. Wisconsin, Illinois y Idaho, que recibieron entre $27 millones y $31 millones cada uno, utilizaron menos del 5% de sus subvenciones.
Pensilvania solo ha utilizado alrededor del 6% de sus casi $28 millones.
California ha gastado algo más del 10% de sus $32 millones de financiación.
Las agencias de salud pública ofrecen una variedad de razones para el retraso. Aseguran necesitar tiempo para contratar personal. Culpan al largo proceso presupuestario de su estado. Dicen que toma tiempo trabajar con organizaciones sin fines de lucro para establecer nuevos programas. Y que ya utilizan otros fondos federales para luchar contra COVID.
La lentitud de los desembolsos pone de manifiesto el perjuicio que han sufrido los sistemas de salud pública por los años de abandono y el ciclo de altas y bajas en la financiación legislativa. «Son inversiones que desbordan un sistema que ha estado hambriento durante mucho tiempo», dijo el doctor Usama Bilal, profesor de epidemiología y bioestadística en la Universidad Drexel de Filadelfia.
La doctora Kirsten Bibbins-Domingo, experta en equidad sanitaria y nueva redactora jefe de JAMA; añadió que es difícil que los sistemas de salud pública, que carecen de recursos y luchan contra una pandemia, establezcan vínculos con organizaciones locales sin fines de lucro tan rápidamente.
«La pandemia puso de manifiesto estas grandes disparidades sanitarias, pero también el hecho de que [los sistemas de salud pública] no tienen las estructuras necesarias para asociarse directamente con las comunidades», señaló Bibbins-Domingo.
La financiación fue la respuesta al efecto desproporcionado de la pandemia entre las minorías. Las comunidades de afroamericanos, hispanos y nativos americanos experimentaron tasas más altas de infecciones y muertes por covid-19 en comparación con los blancos no hispanos, especialmente si se tienen en cuenta las diferencias de edad entre los grupos raciales y étnicos.
A pesar de la necesidad de abordar estas cuestiones, los funcionarios de salud de los condados afirman que han tenido problemas para gastar el dinero.
En California, el Departamento de Salud Pública del condado de Riverside ha gastado unos $700,000 de una subvención de $23 millones.
«La salud pública ha estado históricamente subfinanciada, y de repente contamos con más dinero del que nunca habíamos recibido», indicó Wendy Hetherington, jefa del programa de salud pública de la agencia. «Es estupendo que hayamos conseguido esta financiación porque es necesaria, pero se nos hace complicado gastarla».
Parte del problema fue que los funcionarios de salud del condado tuvieron que esperar seis meses para obtener la aprobación del gobierno local para gastar el dinero. Luego, explicó, se enfrentó a retrasos en la negociación de contratos con organizaciones sin fines de lucro locales para llevar a cabo el trabajo.
Stan Veuger, investigador en el conservador American Enterprise Institute, dijo que la lentitud en la distribución de los fondos, y la capacidad de los estados para gastar otros dólares federales en cuestiones de disparidad, demuestran que el Congreso envió demasiado dinero a los gobiernos estatales y locales en respuesta a la pandemia, un argumento esgrimido en el Capitolio por los republicanos mientras sopesan las peticiones de la administración Biden para obtener más fondos en la lucha contra el virus.
«Plantea dudas sobre el motivo por el que se creó este programa de subvenciones por separado», añadió.
Según Veuger, los gobiernos estatales y locales recibieron unos $900,000 millones en ayuda contra COVID, lo que terminó siendo más de lo que necesitaban, ya que sus ingresos fiscales se recuperaron mucho más rápido de lo que la mayoría esperaba tras la recesión causada por la pandemia.
Rachel Greszler, investigadora de la Heritage Foundation, que se opuso a que el Congreso financiara nuevas ayudas contra COVID debido a los dólares que aún quedaban de iniciativas anteriores, apuntó que la lentitud del gasto también muestra cómo los estados necesitan tiempo para absorber la inyección de ingresos y desarrollar nuevos programas, especialmente cuando los gobiernos se enfrentan a la escasez de mano de obra y a problemas en la cadena de suministro.
Los CDC comunicaron que el dinero podría utilizarse para ayudar a mitigar los efectos de COVID, mejorar la recopilación de datos de quienes se vieron afectados desproporcionadamente por el virus y desarrollar colaboraciones para «avanzar en la equidad sanitaria.» En un principio, los CDC dijeron que la subvención debía gastarse antes de mayo de 2023, pero a principios de este año comunicaron a los estados que podían solicitar una ampliación de ese plazo.
Las subvenciones están diseñadas para ayudar a prevenir la propagación del virus, mejorar la recopilación de datos, ampliar la infraestructura de los servicios de atención sanitaria relacionados y abordar los problemas sociales y económicos que impiden a muchas comunidades minoritarias recibir una atención adecuada durante la pandemia.
Los CDC trabajan con varias organizaciones en la implementación de la subvención, dijo la vocera Jade Fulce.
Dado que el término disparidades sanitarias engloba los retos a los que se enfrentan todo tipo de grupos de población, los condados y las ciudades tienen flexibilidad para gastar el dinero en casi cualquier cosa que repercuta en la salud.
El Departamento de Salud Pública de Illinois recibió $28,9 millones y ha gastado $138,000, según el vocero Mike Claffey. La financiación se destinará a programas que incluyen la traducción al lenguaje de signos estadounidense de los materiales sobre COVID, programas de divulgación en las cárceles, unidades sanitarias móviles para las zonas rurales y trabajadores comunitarios de la salud.
«El objetivo era diseñar programas que construyeran la infraestructura sanitaria y abordaran estas desigualdades históricas de forma significativa y con sentido», añadió Claffey.
El Departamento de Salud de Florida está utilizando $236,000 de su subvención de $35 millones en las pruebas de audición para recién nacidos. El vocero Jeremy Redfern dijo que los cierres relacionados con COVID provocaron un gran descenso en la detección y el diagnóstico de la pérdida de audición, y que el equipo ayudaría a ampliar las pruebas de audición en todo el estado.
El Departamento de Salud del condado de Miami-Dade, que gastó $4 millones de su subvención de $28 millones, concedió dinero a grupos locales para hacer frente a la inseguridad alimentaria y de vivienda. El departamento concedió $100,000 a Saradjine Batrony, una investigadora sanitaria haitiana, para ayudar a mejorar la alfabetización en inglés entre la numerosa comunidad haitiana del condado. Recibió el dinero en enero y espera ayudar a un máximo de 100 personas a partir de mayo.
«La barrera del idioma es lo que impide que la gente se vacune», señaló Batrony, que fue investigadora en la Universidad de Miami antes de crear su propia empresa el año pasado, centrada en la traducción de documentos sobre salud al criollo haitiano.
Alrededor de $4,5 millones de la subvención de los CDC de Pensilvania se destinaron a la Oficina de Salud Rural del estado, que el pasado otoño planeaba dar dinero a 20 condados. Hasta mayo, no ha financiado ninguno de ellos.
«En los últimos dos meses, hemos encontrado problemas con los líderes de los condados que han perdido el impulso y el interés en el trabajo contra covid-19», aseguró Rachel Foster, gerente del programa rural de covid-19 para la agencia con sede en la Universidad de Penn State. «En las zonas rurales de Pensilvania, los casos son bajos, el interés por las vacunas ha disminuido y la mayoría de los residentes consideran que la pandemia ha terminado».
La Facultad de Medicina de Penn State ha estado utilizando su subvención de casi $3 millones para formar a trabajadores comunitarios de la salud que ayuden a los pacientes con sus necesidades sociales y a acceder a recursos para sus problemas de salud. Más de 45 personas ya han recibido formación en línea gracias a la subvención, según el doctor Benjamin Fredrick, que supervisa la subvención.
En algunas ocasiones ya se abordan los problemas de diversidad. La subvención de $8 millones de Filadelfia «llegó tras otras subvenciones de los CDC que incluyen actividades para abordar las disparidades o financian puestos de personal que se encarga de planificar e implementar el trabajo para promover la equidad», según dijo el vocero Matthew Rankin.
Filadelfia ha gastado unos $147,000 de la subvención.
El sistema de salud de la Universidad de Florida, en Jacksonville, recibió el pasado mes de julio $1,25 millones del condado de Duval para ampliar los servicios a las comunidades desproporcionadamente afectadas por COVID. Pero a principios de mayo, la universidad aún no había recibido el dinero, según el portavoz Dan Leveton. «No estamos preocupados porque tenemos otros fondos para COVID, que estamos utilizando por ahora, y utilizaremos los fondos de los CDC cuando lleguen», dijo Leveton.
El Departamento de Salud de Mississippi recibió $48 millones, la mayor dotación concedida a una agencia de salud estatal. Hasta ahora, la agencia ha gastado $8 millones, dijo la vocera Liz Sharlot, aunque ya ha utilizado otros dólares de ayuda federal para hacer frente a las disparidades sanitarias por COVID.
Mientras los estados averiguan cómo gastar el dinero, a los expertos en salud les preocupan las consecuencias.
«El dinero es muy necesario, pero hay que tener en cuenta que estos departamentos de salud llevan mucho tiempo sobrecargados y no tienen suficiente personal para ocuparse de ello», señaló Bilal, de Drexel.
Nota de la editora: Este reportaje fue publicado por KHN el 16 de mayo en su sitio web.
KHN (Kaiser Health News) es la redacción de KFF (Kaiser Family Foundation), que produce periodismo en profundidad sobre salud. Es uno de los tres principales programas de KFF, una organización sin fines de lucro que analiza la problemática de salud y salud pública de la nación.
