Cada año, la policía para y detiene a decenas de miles de personas por ofensas menores en la ciudad. Este 2021, los oficiales del Distrito 14 están actualizando su manera de abordar las ofensas menores en un programa piloto de tres meses que comenzó el 1 de agosto.
A partir de esa fecha, la policía pide a la gente que esté cometiendo ofensas menores poner un alto a su comportamiento y seguir su camino. En ese instante el oficial no pedirá el nombre o la identificación de la persona, ni le tocará de ninguna manera. La persona tendrá la libertad de retirase. Sin embargo, hay excepciones si la persona resulta un peligro para sí misma o para otros.
Si la persona continúa la ofensa, el oficial puede parar a la persona oficialmente. Esto incluye decirle que no se puede ir, pedir su nombre o identificación, checar si tiene órdenes judiciales vigentes, o posiblemente cachar o esculcar a la persona.
Después de esos tres meses, el juez federal John R. Padova decidirá si este programa piloto que se experimenta por ahora en el noroeste de la ciudad, se expandirá a otras partes de la ciudad.
Las ofensas menores que la policía va a abordar de diferente manera son: quejas de ruido, escupir, bebidas alcohólicas en contenedores abiertos, conducta desordenada, obstruir carreteras o aceras, intrusión desafiante en propiedad privada, tirar basura en parques u otros lugares públicos, fumar mariguana en lugares públicos, micción pública, apostar, mendigar (pedir dinero) y prostitución (solicitar clientes).
La Organización Americana para la Defensa de las Libertades Civiles (ACLU, por sus siglas) y la oficina de abogados Kairys, Rudovsky, Messing & Feinberg entablaron una demanda colectiva federal el 4 de noviembre de 2010 a nombre de ocho individuos, entre negros y latinos, que fueron detenidos por la policía de la ciudad por su raza o etnicidad. Dicha demanda alegó que miles de personas son detenidas y cacheadas ilegalmente. Este programa piloto es el resultado de la demanda Bailey contra la ciudad.
En entrevista telefónica con Mary Catherine Roper, subdirectora del departamento legal de ACLU PA, la información recopilada de las detenciones policiales por ofensas menores durante su monitoreo por el decreto de consentimiento de la demanda ha mostrado que, “las ofensas menores representan el 40 a 45 % de todas las detenciones de peatones y que las disparidades raciales en estas detenciones son de manera consistente mayores que las detenciones por ofensas más graves”. El 90 % de dichas detenciones fueron iniciadas por un oficial de policía y rara vez por una queja de la comunidad acerca de la persona detenida.
La ACLU es una organización no partidista que se fundó en 1920 para proteger los derechos de los ciudadanos estadounidenses tal y como lo estable la Constitución, y presta su apoyo en los tribunales cuando se trata de casos de violación de las libertades del ciudadano, en especial en circunstancias de discriminación por motivos de religión, raza, color o género, o en casos relacionados con la libertad de expresión.
