El exagente de la policía de Filadelfia, Mark Dial, se entregó a las autoridades para enfrentar cargos por el asesinato de Eddie Irizarry.

El asesinato de George Floyd provocó movilizaciones en todo el país, e inclusive más muertes durante las manifestaciones, sin embargo, pocos avances ha habido y los latinos y los negros siguen en la mira de la violencia policial.

Si bien los policías que participaron fueron condenados a prisión, cada año se siguen sumando casos similares sin que se haga justicia. Se trató de una simple excepción en el sistema judicial porque casi siempre los agentes envueltos en casos de muerte y heridos graves no enfrentan cargos.  

En Filadelfia el oficial Mark Dial se entregó a las autoridades para enfrentar cargos por el asesinato del residente de Kensington Eddie “Junito” Irizarry el pasado 14 de agosto. Según la prensa hispana, se le fijó una fianza de medio millón de dólares, y cubriendo un adelanto del 10% regresó a su casa.

Tras la movilización de la familia Irizarry, y de una coalición de residentes de Kensington y miembros de organizaciones comunitarias y organizaciones latinas sin fines de lucro, el fiscal de distrito Larry Krasner hizo públicas las imágenes de la cámara corporal del asesinato, y al respecto dijo “Estos videos hablan por sí solos. La ley y las instrucciones del jurado en Pensilvania, las definiciones de estos delitos están respaldadas por esta y otras pruebas. Y es por eso por lo que hemos acusado al exoficial Dial de estos cargos”.

Activistas y miembros de Mijente, Philly Boricuas, Taller PR, Up Against the Law Collective y Philly Party for Socialism and Liberation ayudaron a reunir a la comunidad en el norte de Filadelfia para pedir justica para Eddie, y repudiar la violencia contra los negros y los latinos en la ciudad.

También abogaron para que se inicie una investigación imparcial e independiente sobre las acciones de todos los oficiales corresponsables en la muerte de Junito, e igualmente, que se lleve a cabo una pesquisa independiente sobre la falsa narrativa publicada inicialmente sobre lo sucedido cuando el oficial Dial lo mató.

“Refutamos la declaración hecha por el abogado de Dial, repitiendo la afirmación… de que los policías que participan en actos criminales como el asesinato, lo hicieron porque ‘temían por sus vidas’. La evidencia muestra lo contrario. Hemos escuchado esta excusa muchas veces y sabemos que estos actos ocurren debido a un patrón de corrupción, abuso y violencia que está generalizado en el Departamento de Policía. Se hicieron promesas al público de reformar el Departamento y de volver a capacitar a los agentes después de que un movimiento a gran escala para detener la violencia… Los cargos de asesinato contra un oficial no son suficientes para detener el patrón de violencia policial en Filadelfia. Necesitamos que nuestros líderes hagan más para mantener seguras a nuestras comunidades y evitar que vuelva a ocurrir otro asesinato”. Expresaron en un comunicado los organizadores de la manifestación del 31 de agosto, en la que Gabriel Bryant, un activista comunitario, enfatizó la realidad de que, para muchos residentes, el llamado a la justicia va más allá de un oficial. «¡El pueblo de Filadelfia exige justicia, justicia ahora!».

Xiomara Torres, dijo que “como puertorriqueños, debemos involucrarnos en la lucha más amplia contra el terror policial en nuestros vecindarios. No basta con venir a una protesta: ¡necesitamos un movimiento!”.

Cada año se siguen sumando casos similares sin que se haga justicia. Casi siempre los agentes envueltos en casos de muerte y heridos graves no enfrentan cargos.

EL PULSO DE LA VIOLENCIA POLICIACA

Estados Unidos fue analizado por el Comité para la Eliminación de la Discriminación Racial (CERD) por primera vez desde 2014, y en sus observaciones finales mencionó la ausencia de avances del país en varias cuestiones, incluido “el uso excesivo de la fuerza por parte de los agentes encargados de hacer cumplir la ley”.

A más de tres años de la muerte de Floyd la situación está igual o incluso peor. Según un reciente informe de Amnistía Internacional sobre Derechos Humanos, reveló que en 2022 murieron en Estados Unidos 1.093 personas por disparos efectuados por la policía. “La escasa información pública disponible sugería que la población negra sufría de forma desproporcionada el uso de medios letales por parte de la policía”, señala el estudio.

En Mapping Police Violence, un proyecto independiente que monitorea casi diariamente los casos de muertes y heridos a manos de las fuerzas de seguridad, en 2022 se registró la cifra más alta de personas asesinadas por la Policía en 10 años. La policía asesina a alguien casi a diario, excluyendo las muertes ejecutadas por los agentes en la frontera con México.  

Sus números indican que fueron 1.244 muertes el año anterior, lo que supone que para fines de este 2023, los datos podrían ser similares. Por su parte Amnistía Internacional critica la falta de números del Estado. Además, de que las fuerzas policiales estén habilitadas por la ley a ejercer su poder excesivo si lo consideran “razonable”. A nivel internacional, las agencias policíacas deben de usar fuerza sólo si es legítima, necesaria y proporcional a un riesgo. No depende de lo que percibe el oficial.

De las personas asesinadas hasta julio del 2023, 147 fueron negras y 109 de origen hispano. Esto supone que ambas comunidades representan un 35% de las muertes. Si se le suman los nativos americanos, las personas de origen asiático, los nativos de Hawái y las islas del Pacífico, el número asciende a 277.

Un caso emblemático es el de Anastasio Hernández Rojas, un hombre de origen mexicano, residente indocumentado por más de 30 años en San Diego, que fue brutalmente asesinado por agentes de la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza de los Estados Unidos en 2010, mientras estaba detenido en el Centro de Detención y Patrulla Fronteriza de Chula Vista, en la ciudad en la que vivía.

Cuando estaba bajo custodia, lo mataron frente a docenas de personas y oficiales del gobierno mexicano. Lo asfixiaron, lo atacaron con pistolas Taser hasta que murió. Pese a las pruebas, la justicia consideró que fue “razonable” el uso de la fuerza.

Anastasio murió tras sufrir un infarto, un paro cardíaco y daño cerebral. Su muerte fue declarada homicidio. Los informes de la autopsia confirmaron que sufrió lesiones extensas mientras estuvo bajo custodia, incluidos hematomas y abrasiones en la cara y el cuerpo, cinco costillas rotas y hemorragias en órganos internos y músculos del cuello.

A 13 años, el caso de Anastasio será analizado por la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH). Será la primera vez que este organismo intervendrá en un caso que involucra a una muerte extrajudicial a manos de las fuerzas del orden de este país. Es una demanda contra los Estados Unidos y la resolución de su caso pudiera cambiar las leyes.

Según un informe de Human Rights Watch publicado en 2022 “el encarcelamiento excesivo de personas negras y latinas es alimentado por sentencias desproporcionadamente duras impuestas para todas las categorías de delitos”.

La policía también continúa matando a nativos americanos, latinos y negros a tasas significativamente más altas, hasta un 350% más frecuentes, que a los blancos”, dice el informe.

Un reportaje de TRACE, que reume en pocas palabras lo que sucedió ¨Cinco segundos. Seis tiros. Cien pasos atrás¨, sostiene que la estrategia de Filadelfia para resolver los delitos violentos depende de la confianza del público, y que el asesinato policial de Eddie Irizarry, de 27 años, amenaza con dañar aún más esa confianza.

Una revisión de la fuerza realizada por el Departamento de Justicia federal en 2015 encontró que los tiroteos policiales estaban aumentando mientras que el crimen disminuía, y que la fuerza tenía una capacitación inadecuada y carecía de transparencia. La revisión también encontró que el 80 por ciento de las personas baleadas por la policía entre 2007 y 2014 eran negras y el 45 por ciento de ellas estaban desarmadas.

En vísperas de las elecciones para el nuevo alcalde de Filadelfia, en que la seguridad pública ha estado entre los temas principales, ambos candidatos, la demócrata Cherelle Parker, y el republicano David Oh, elogiaron a la comisionada de Policía Outlaw, después de que se conoció la noticia de su renuncia. Ninguno de los dos había hecho una declaración pública sobre el asesinato de Eddie Irizarry.

Bajo el liderazgo de Outlaw, la policía mató a tiros a 17 personas, un ligero aumento de las 14 personas asesinadas entre 2016 y 2019. Las quejas de los ciudadanos que acusan a los agentes de uso de fuerza excesiva y otras violaciones han fluctuado poco desde 2018 hasta el año pasado, con más de 600 quejas presentadas en cada uno de esos años.

Desde que asumió el cargo en enero de 2018, Krasner ha acusado a cuatro policías de tiroteos fatales en servicio.

Si bien el asesinato de Irizarry provocó indignación y protestas pacíficas, _a diferencia del caos que arrasó zonas de la ciudad en 2020 tras los asesinatos policiales de George Floyd en Minnesota y Walter Wallace_ todavía no hay indicios de si este asesinato movilizará a lo necesario a las comunidades latinas, y a los activistas de los derechos humanos, para generar los cambios fundamentales para hacerle justicia a Eddie, y a cientos, miles de víctimas más, de la brutalidad policiaca.

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