Tras un fallo del Tribunal Federal se despejó el camino para que un sitio de inyección segura en Filadelfia fuera gestionado por Safehouse; desde entonces las opiniones contrarias se han manifestado.
El Departamento de Justicia de los Estados Unidos sigue en conversaciones para el establecimiento de Safehouse en Filadelfia, la instalación se vio interrumpida a causa de la pandemia.
El Gobierno Federal demandó a Safehouse por la apertura del sitio en 2019. Después de años de luchas legales, la organización inició conversaciones mediadas con funcionarios del Departamento de Justicia en enero, con el objetivo de llegar a un acuerdo en el caso.
El proyecto de sitios de inyección supervisada retoma fuerza en Filadelfia, y al decir de fuentes informadas, se quieren instalar antes de que termine el año. Aún no es claro si el proyecto incluye instalar en cada uno de los 10 distritos de la ciudad y por cuál empezarían.
Residentes de diversos vecindarios de Filadelfia, han pedido durante mucho tiempo que se involucren más en las discusiones sobre la idea, pero al decir de varios activistas y funcionarios, parece que la decisión ya se ha tomado.
Líderes de grupos cívicos se reunieron el martes 21 de marzo con la fiscal federal Jacqueline Romero, mientras el Departamento de Justicia lleva a cabo conversaciones para llegar a un acuerdo con Safehouse, la organización sin fines de lucro que intenta abrir el sitio. Intentaron traer funcionarios electos a la reunión, pero dijeron que los políticos fueron rechazados.
Quetcy Lozada, concejal del Distrito 7, donde se encuentra el epicentro de la crisis de opioides que ha cobrado recientemente la vida de más de mil individuos cada año, fue una de las funcionarias que estuvo presente el martes por la mañana. Dijo que se tienen que escuchar todas las voces, ofrecer diversas alternativas, y de ser necesario, hacer decisiones difíciles, incluida la de la rehabilitación mandatoria para quienes están atentando contra su propia vida, y también generan un problema de seguridad pública.
Quetcy, que representa parte de Kensington, dijo que los sitios de consumo supervisados podrían ser necesarios para frenar la crisis de sobredosis, pero los funcionarios locales también deben sopesar las preocupaciones de los vecindarios, pues residentes de Kensington y Harrowgate están en contra de un sitio de inyección supervisado.
Los residentes de los vecindarios de Filadelfia donde un sitio puede terminar quieren participar más en las discusiones.
Representantes de grupos vecinales de Filadelfia dijeron que sienten que los funcionarios federales no están escuchando sus preocupaciones.
En un reporte de The Inquire, citan a Shannon Farrell, que dirige the Harrowgate Civic Association, que dijo que su grupo y otros en la ciudad comenzaron a solicitar una reunión con Romero hace unos dos meses y le habían enviado a la oficina de Romero una lista de las personas que asistirían, incluidos los funcionarios electos.
Pero a estos funcionarios no se les permitió ingresar a la reunión, que no estaba abierta al público, dijo Farrell, y explicó que los funcionarios del Departamento de Justicia dijeron que los funcionarios electos no tenían una pre-autorización para asistir.
Según su sitio web, por lo general, las oficinas centrales en Washington coordinan las solicitudes de visitas.
El Rep. Danilo Burgos, otro de los que acudieron al llamado de la comunidad, dijo que estarán enviando una carta solicitud para reunirse con los funcionarios del Departamento de Justicia.
Farrell dijo que los vecinos en la reunión estaban decepcionados de que no se permitiera la entrada a los funcionarios electos y le pidieron a Romero que “respetara la ley”, refiriéndose a un fallo judicial anterior en el caso Safehouse que consideraba ilegal un lugar donde las personas se inyectan drogas bajo supervisión.
Por su parte, el representante estatal, José Giral que también representa parte de Kensington, dijo que están privando de sus derechos a miles de personas que él representa, y que están en contra de los sitios de inyección supervisados.
Ronda Goldfein, vicepresidenta de Safehouse, dijo que no estaba al tanto de una reunión entre Romero y las asociaciones cívicas. Solo las partes involucradas en la demanda, es decir Safehouse y el gobierno federal, están en conversaciones en curso, aseguró, pero declaró que su organización permanece abierta a conversaciones con la comunidad.
“Siempre queremos escuchar lo que la gente piensa… Estas conversaciones son para obtener la autoridad para implementar este tipo de iniciativa. Luego tiene que haber una conversación sobre cómo se implementa la iniciativa”. Públicó The Inquirer.
Funcionarios electos de Filadelfia, entre los que se encuentran el representante Danilo Burgos del distrito 197, el Rep. Jose Giral del 180, el concejal general Jim Harrity, la Sen. Christine M. Tartaglione, y la concejal del distro 7 Quetcy Lozada, coincidieron en la sensación de que los funcionarios federales no están escuchando las preocupaciones de sus residentes y las de ellos, ni escuchando las posibles soluciones en cómo resolver de fondo la crisis de opioides.
Desde el 2018 se autorizó polémico proyecto para atender la crisis de opioides en Filadelfia, en la ciudad. En 2019, el abogado Bill McSwain demandó a Safehouse, argumentando que abrir un sitio de consumo supervisado violaría una ley federal que prohíbe el establecimiento de un lugar para el uso de drogas. Un juez federal no estuvo de acuerdo y aceptó el argumento de Safehouse de que su propósito es salvar vidas. Pero un tribunal de apelaciones finalmente anuló la decisión.
Safehouse presentó una contrademanda, solicitando al gobierno que se pronuncie sobre varios reclamos que no se abordaron en los fallos originales, incluido que los funcionarios de Safehouse tienen el derecho religioso de salvar vidas en medio de una crisis de sobredosis.
