Para los migrantes irregulares en Estados Unidos, una acusación de hurto o robo sería motivo de arresto y probablemente deportación.
El aún Proyecto de Ley Laken Riley, que en este momento se encuentra en fase de debate en el Senado, y que podría entrar en vigor incluso antes de que el próximo lunes 20 de enero Donald Trump inicie su mandato, es obra del Partido Republicano de Trump, pero también cuenta con el apoyo de numerosos congresistas y senadores demócratas.
La ley también permitirá a los estados demandar al gobierno federal si libera a un indocumentado bajo custodia o no aplica ciertas leyes migratorias.
Desde la primera semana de la 119ª legislatura ya se ha producido controversia en el debate migratorio. La aprobación bipartidista y mayoritaria (264-159) en la Cámara de Representantes de la moción del Proyecto de Ley HR 29 (conocido como Ley Laken Riley para honrar la memoria de la joven estudiante de enfermería asesinada en Georgia por un inmigrante indocumentado arrestado con anterioridad por robo), ha generado “inquietud”, porque no todos los representantes han votado conforme a los criterios migratorios de sus partidos.
El Proyecto de Ley Laken Riley ya fue aprobado en 2024 por el Congreso, pero debido a la nueva configuración de las cámaras tras las elecciones, tuvo que volver a ser reintroducido.
Las políticas migratorias republicanas son estrictas en materia de inmigración. Ahora algunos miembros del lado demócrata se han unido a ellas, apoyando este proyecto, pero no en el caso de la representante de Delaware, Sarah McBride
McBride, recién “desembarcada” en Washington, votó “no” a la HR 29 el 7 de enero (tan solo cuatro días después de jurar su cargo) algo que ha generado malestar en las filas del Caucus Republicano del Senado de Delaware que emitió un comunicado mostrando su disgusto, e instándola a ella –y a los senadores por Delaware Chris Coons y Lisa Blunt Rochester– a que se uniesen a sus colegas y apoyasen esta medida bipartidista en el Senado.
El presidente de la Cámara de Representantes, Mike Johnson (R-LA), enfatizó la importancia de esta ley en una declaración posterior a la votación, señalando que “la decisión de la representante McBride de votar en contra de la ley plantea serias dudas sobre su compromiso con la seguridad pública y la rendición de cuentas”.
Daniel Willis, presidente estatal de los Jóvenes Republicanos de Delaware, criticó el voto de McBride: “Votar en contra de la Ley Laken Riley envía el mensaje equivocado. Dice que algunos representantes están más interesados en la postura ideológica que en proteger a sus electores”.
La Unión Estadounidense por las Libertades Civiles (ACLU) asegura que la ley permitirá la discriminación racial a la hora de castigar delitos no violentos, y creará un caos jurídico
El senador John Fetterman (D-PA) copatrocinador en el Senado de la ley, reconoció la necesidad crítica de esta legislación señalando que “La historia de Laken Riley es un trágico recordatorio de lo que está en juego cuando nuestros sistemas no protegen a las personas”.
Las redes sociales de McBride se han llenado estos días de comentarios acerca de su voto.
En respuesta, la congresista emitió una declaración explicando su posición, señalando que su corazón “todavía se rompe por el asesinato de Laken Riley”. Sin embargo, advertía que “Este proyecto de ley, que se limita estrictamente a los delitos relacionados con el robo, requerirá que el Gobierno Federal detenga indefinidamente a los inmigrantes, incluidos los DREAMers, solo sobre la base de un cargo de robo, ni siquiera de una condena”.
Conforme la sinopsis legislativa “este proyecto de ley exige que el Departamento de Seguridad Nacional (DHS) detenga a ciertos ciudadanos no estadounidenses… arrestados por robo, hurto o hurto en tiendas… también autoriza a los estados a demandar al Gobierno Federal por decisiones o supuestas fallas relacionadas con la aplicación de las leyes de inmigración… si la decisión o el fallo causaron daños al estado o a sus residentes, incluido un daño financiero de más de 100 dólares…”.
Respecto a estas facultades otorgadas a los fiscales generales estatales, McBride señala que les otorga “un amplio poder de veto sobre amplias franjas de la Ley Federal de Inmigración existente, en violación de principios constitucionales tan antiguos como la propia República”.
Aunque “hay una versión de esta legislación que podría apoyar”, la congresista rechaza que la Conferencia Republicana de la Cámara de Representantes de Estados Unidos presente una legislación “que excluye las protecciones comunes del debido proceso y socava los principios constitucionales básicos”.
No obstante, reitera su compromiso “a trabajar de manera bipartidista en una reforma migratoria integral, que incluya una seguridad y una aplicación de la ley sólidas en la frontera”. Cree que “Podemos proteger la seguridad pública al mismo tiempo que defendemos nuestros principios constitucionales y judiciales básicos”.
El lenguaje puede resultar “equívoco” al simplificar cuestiones complejas. El senador Schumer (D–NY) recordó el 9 de enero –con el proyecto de ley ya en el Senado para su consideración, esponsorizado por la senadora Britt (R-AL) como S.5 y con 53 copatrocinadores, incluyendo a los senadores de Pensilvania McCormick (R–PA) y Fetterman (D–PA) – que “esta no es una votación sobre el proyecto de ley en sí. Es una moción para proceder, una votación que dice que deberíamos tener un debate y enmiendas”.
Schumer esperaba tener “suficientes votos de ambos partidos para proceder”. Así ha sido. El senado también votó a favor (82–10) con los síes –entre otros– de los senadores de Delaware Coons (D-Del) y Blunt Rochester (D-Del) y del senador de Pennsylvania McCormick (R-PA). El senador Fetterman (D-PA) en esta ocasión no votó cambiando su postura (“Not Voting”). Conforme Schumer deseaba al hacer suyas las palabras del republicano Thune (R-SD), el senado es un lugar donde todos sus miembros tienen “la oportunidad de hacer oír su voz”.
