Middletown, NJ – Una coalición de representantes de los trabajadores esenciales inmigrantes organizaron un “cacerolazo” (protesta popular haciendo ruido golpeando cacerolas) frente a la mansión del gobernador Philip Murphy el 21 de julio, para demandar una infusión de $1 billón para el Fondo de los Excluidos de Nueva Jersey.
Unidad Latina en Acción, una organización por la justicia para los inmigrantes, y la organización New Labor invitaron a sus partidarios para tomar acción llamando al gobernador y a la tesorera estatal Elizabeth Maher Muoio para pedir que se asignen fondos adicionales a los trabajadores esenciales que continúan arriesgando sus vidas durante esta pandemia al exponerse a las variantes del COVID, que han resultado más contagiosas que la cepa original.
El Estado tiene los recursos para brindar alivio a los inmigrantes. Nueva Jersey acaba de aprobar y firmar una ley con un presupuesto de $46.4 billones, uno de los más cuantiosos en su historia. Por tanto, los $40 millones asignados son considerados insuficientes. De acuerdo con la coalición, el Gobierno está ignorando las necesidades de 460 mil trabajadores inmigrantes esenciales y de sus 127 mil niños nacidos en este estado. Las familias necesitan los fondos de alivio ya que han perdido trabajo, casas, ahorros, familiares y parientes cuya salud se deterioró por causa del COVID.
“Debido a que es un año de elecciones, Murphy está ignorando a propósito las peticiones de los trabajadores inmigrantes esenciales”, dijo Perla Solares, una trabajadora inmigrante que no ha tenido empleo desde marzo del 2020. Ella y su familia tuvieron COVID-19, y hasta ahora no ha podido encontrar un trabajo que se ajuste a las nuevas necesidades como el tener que cuidar a su hijo. Han sobrevivido gracias a las donaciones de Unidad Latina en Acción. “El equipo del gobernador Murphy piensa que porque somos familias inmigrantes no podemos votar por él y puede ignorar nuestro dolor. Pero también vivimos en Nueva Jersey y hemos mantenido a flote el estado durante esta crisis.
Los activistas creen firmemente que el Estado no saldrá de la recesión si no se abordan las necesidades de los trabajadores inmigrantes, que en su mayoría son personas racializadas, mujeres y niños.
