La concejal Jamie Gauthier comisionó un estudio el año pasado que reveló que los residentes del distrito 7 gastan más del 30 por ciento de su ingreso en vivienda; y que el 70 por ciento de las unidades cobran una renta superior a $750 mensuales, un precio que solamente está al alcance del 35 por ciento de las personas que rentan, por lo que se hace necesaria la aprobación de una propuesta legislativa que aseguraría que los residentes vulnerables en vecindarios con gentrificación, es decir que estén en proceso de transformación de un espacio urbano deteriorado, puedan tener acceso a las unidades en los edificios que se están construyendo.
Las concejales Gauthier y María Quiñones-Sánchez presentaron el 24 de junio durante la asamblea municipal la propuesta de ley llamada Mixed Income Neighborhoods Overlay(Superposición de Vecindarios de Ingresos Mixtos). Esta legislación tiene como meta solicitar que haya vivienda accesible dentro de los grandes proyectos de desarrollo urbano.
Esto se aplicará en tramos seleccionados de los distritos 3 y 7, donde hay un aumento de presiones por parte del mercado inmobiliario, y algunos residentes no tienen posibilidad de acceder a unidades habitacionales nuevas; lo cual puede ocasionar que sean desalojados de su vivienda actual.
La concejal Quiñones-Sánchez, quien colabora en la propuesta, afirmó que “los vecindarios de ingresos mixtos necesitan de políticas públicas fuertes que incentiven y promuevan el desarrollo equitativo”.
La concejal Gauthier demanda una zonificación mandatoria de inclusión para un desarrollo equitativo. Esta propuesta legislativa requiere que un 20 por ciento de cualquier urbanización nueva con diez o más unidades residenciales que estén dentro de los límites superpuestos. Diez por ciento del total de unidades habitacionales tendrían que estar en la propiedad, mientras que el otro diez por ciento podría estar en el mismo sitio, a media milla del edificio nuevo o reemplazada mediante un pago al Fondo Fiduciario de Vivienda. Las unidades dentro del edificio deben estar al alcance económico de personas que renten y que ganen hasta el 40 por ciento de la media del ingreso del área (AMI por sus siglas en inglés), y de dueños de hogares que ganen hasta el 60 por ciento de AMI.
Con el fin de sostener diálogos con los residentes acerca de la legislación propuesta, ambas concejales planean eventos en julio y agosto sobre la accesibilidad de vivienda, y las presiones para urbanizar el occidente y suroccidente de la ciudad. Su meta es que participe el mayor número posible de electores de su distrito.
Quiñones-Sánchez, ya ha realizado reuniones con las organizaciones comunitarias registradas y continuará trabajando con los interesados de la Asociación de Corporaciones de Desarrollo Comunitario de Filadelfia, así como con el Comité de Vivienda Asequible de la Asociación de la Industria de la Construcción para facilitar el cumplimiento de los estándares nuevos del proyecto de ley.
El Código de Zonificación de Filadelfia tiene actualmente un programa para incentivar a los dueños de propiedades a construir vivienda accesible, pero es opcional y no requiere que se construyan nuevas unidades en los vecindarios donde ya está en progreso un proyecto de urbanización.
