La violencia, el desplazamiento forzado, los conflictos medioambientales y los roces con el Gobierno marcaron el Día Mundial de los Pueblos Indígenas el pasado 9 de agosto.
Los eventos conmemorativos atravesaron toda América, destacándose los de México y Chile.
En la nación azteca más de 23 millones de personas se asumen como tal, una de las cifras más altas del continente.
De sur a norte, donde habitan 68 pueblos indígenas reconocidos con idioma propio, los pobladores originarios afrontan la proliferación de grupos armados, en particular en Chiapas, estado del sureste con la mayor población indígena del país, donde los desplazamientos internos se triplicaron desde 2021 por la violencia.
Este es el caso de Juan Santis Méndez, un indígena tzotzil que huyó de su comunidad ante el enfrentamiento entre civiles llamados “Los Machetes” y el grupo armado del crimen organizado “Los Herrera”, el 8 de julio de 2021, en el municipio de Pantelhó.
Después de un año y veinte días del hecho está refugiado en San Cristóbal de Las Casas con 200 indígenas más, quienes solicitan la protección del Gobierno local, la reparación del daño, la restitución de tierras y una indemnización.
“Teníamos miedo, llegaron a mi comunidad y echaron bomba y bala, temíamos por la vida de los niños, por eso salimos huyendo para el monte, hoy para regresar nos piden una multa de 50.000 pesos (unos 2.500 dólares) que no tenemos”, dijo a Efe el hombre.
Una historia similar es la de Carmela Gómez Pérez, indígena tzotzil y madre de cuatro hijos de Pantelhó, quien manifestó no estar bien pues se encuentra preocupada luego de perder su proyecto de vida y sus herramientas de trabajo, y sentir además que perdió su identidad porque la ropa que usa no es de su cultura.
“Entraron a mi casa, la quemaron, hasta la documentación de mis hijos, los ando (tengo) sin papeles y no puedo inscribirlos a la escuela”, contó a la mujer al recordar el desplazamiento forzado que sufrió en julio de 2021.
La violencia en el sur se replica en el norte, como en el fronterizo estado de Sonora, donde el embate del crimen organizado y la amenaza a sus recursos naturales, principalmente el agua, son los principales conflictos de los pueblos originarios, muchos de ellos binacionales porque comparten tierras con Estados Unidos.
Alejandro Aguilar Zeleny, profesor e investigador del Centro del Instituto Nacional de Antropología e Historia (INAH) de Sonora, lamentó que en México prácticamente no existen pueblos indígenas que no hayan padecido la violencia de la delincuencia organizada.
“Se encuentran extrañas alianzas entre grupos de narcotraficantes, entre la explotación de los bosques, la explotación minera y la violencia hacia las propias comunidades”, aseguró el especialista.
El profesor apuntó que en las comunidades indígenas muchos niños son huérfanos porque sus padres fueron enganchados o victimizados por el crimen organizado, además de que existen altos índices de embarazos en adolescentes y madres solteras por la violencia.
“Todos los pueblos están exigiendo y reclamando el reconocimiento de sus derechos territoriales, de sus saberes y formas de aprovechamiento de estos recursos, esto va relacionado con la preservación de la identidad, de la lengua y la cultura», añadió.
El profesor e investigador del INAH citó que, en Sonora, donde hay ocho pueblos originarios en tres grandes regiones, el Gobierno de México ha iniciado reuniones para determinar el Plan de Justicia para los Pueblos Indígenas que podría replicarse en todo el país.
El Instituto Nacional para los Pueblos Indígenas (INPI) está trabajando con los gobiernos tradicionales de las tribus yaqui, mayo, comca’ac y guarijios.
Pero Enrique Robles Barnett, presidente del Consejo de Ancianos de la Nación Comca’ac, lamentó que aún no ven materializados los avances del Plan de Justicia para el Pueblo Seri, donde sus principales exigencias son agua potable, salud, educación y vías de comunicación.
“Nosotros cada vez que participamos en las mesas de trabajo con el Gobierno ponemos todas las necesidades de los pueblos, (las) pusimos enfrente de la gente del Gobierno para que ellos nos apoyen, pero creo que se están tardando mucho porque ya llevamos como 42 mesas de trabajo y todavía no hemos visto nada», cuestionó.
Los pueblos indígenas afrontan estos problemas pese a que el presidente, Andrés Manuel López Obrador, ha reivindicado la «resistencia indígena», como le llama él al periodo que inició en 1521 con la conquista de España.
El Gobierno ha destinado 339.550 millones de pesos (casi 17.000 millones de dólares) en programas sociales para los más de 2,05 millones de hogares indígenas y afromexicanos del país, casi 70 % más que en el sexenio anterior, aseveró este martes Adelfo Regino, titular del INPI.
«En este Gobierno se ha incrementado de forma sostenida el presupuesto dirigido a los pueblos indígenas y afromexicanos», sostuvo en la conferencia diaria del Palacio Nacional.
Pero hay habitantes originarios que aún no ven el apoyo.
“No nos han mandado respuesta si nos va a apoyar o no, lo que queremos es que nos tomen en cuenta, que nos compren un terreno o nos paguen la renta de donde vivimos», dijo Carmela Gómez Pérez.
Guatemala: protestas, bloqueos contra gobierno de Giammattei
La inflación, la corrupción y la persecución de los defensores de derechos humanos, funcionarios judiciales y periodistas desencadenaron el martes una protesta en Guatemala de la que participaban miles de campesinos, indígenas, estudiantes y organizaciones sociales.
Indígenas chilenos en pie de lucha
De sus 19 millones de habitantes, el 12,8% son indígenas, incluidos poco más de un millón de mapuches, etnia mayoritaria en Chile, que pidió el martes a los votantes aprobar la propuesta de una nueva Constitución que irá a plebiscito en septiembre y que consagra un conjunto de derechos para los pueblos originarios, entre ellos autonomías territoriales, autogobierno y reconocimiento de sus sistemas de justicia, rechazados por la oposición derechista. En Chile los pueblos originarios no son mencionados en la Constitución vigente, instaurada en 1981 por la dictadura militar (1973-1990), mientras que sectores conservadores y unos pocos de centroizquierda rechazan la inclusión de esos derechos en el texto constitucional que se votará el 4 de septiembre.
“El aprobar (el texto) destaca el valor de la plurinacionalidad, que reconoce los derechos fundamentales que por tantos siglos el Estado chileno ha negado a nuestro pueblo”, señala una declaración de la Plataforma Política Mapuche, leída por la dirigente Ximena Llamin Hueichan.
El llamado se formuló en el Día Internacional de los Pueblos Indígenas instaurado por Naciones Unidas en 1994. Si el texto es rechazado, seguirá vigente la Constitución de los militares.
La propuesta, redactada por una Convención Constitucional mayoritariamente de izquierda, dice en su primer artículo que Chile es un Estado plurinacional y ecológico. El nuevo texto constitucional señala que los pueblos indígenas tienen derecho a la autonomía, al autogobierno, al reconocimiento y protección de sus tierras y recursos, al tiempo en que reconoce sus instituciones y sistemas de justicia.
Alihuen Antileo, vocero de la Plataforma Política, dijo que el texto incluye 55 artículos destinados a los indígenas.
La propuesta constitucional señala que los pueblos originarios deben ser consultados antes de que se adopten medidas administrativas y legislativas que pudieran afectarlos. También dice que el Estado debe catastrar, regularizar y demarcar sus tierras y que la restitución de ellas “constituye un mecanismo preferente de reparación”.
En Chile, el Estado confiscó los territorios de los mapuches en el siglo XIX y sus habitantes fueron empujados a zonas marginadas en el sur.
Domingo Namuncura, un trabajador social mapuche que se ha desempeñado como asesor presidencial en asuntos indígenas, afirma que sectores conservadores y algunos “progresistas”, ante la inminencia de los cambios si se aprueba el texto, “se empeñan” en poner a los pueblos originarios “a la cabeza de una inventada catástrofe institucional”.
Según encuestas, el “Rechazo” al texto se impondría al “Apruebo” por un margen estrecho.
