Gálvez lamenta que EE. UU, que ha sido por siglos el país que ha abierto las puertas a millones de inmigrantes, se encuentre hoy en esta situación de persecución indiscriminada contra el inmigrante.

En entrevista con Alex Galvez, prestigioso abogado especialista en temas de inmigración, insistió en lo importante que es para la población inmigrante que esté lo mejor informada posible sobre las consecuencias de las decisiones del Gobierno, al querer cumplir con la promesa de realizar la “madre de todas las deportaciones”, y en especial, las políticas migratorias sobre “deportación expedita”.

La Administración Trump, está deteniendo indocumentados con antecedentes penales, pero también a muchos que no tienen ningún récord criminal; y lo que es más preocupante, a personas que ya tienen un permiso de residencia permanente o, inclusive, de naturalización, y que hoy también hacen parte de los que están en la mira.

Aunque el objetivo sería deportar a todos los indocumentados como lo han repetido desde lo más altos rangos del Gobierno, Galvez subraya algunas cifras sobre la importancia del trabajo de todos los inmigrantes en la economía del país.

Tan solo los inmigrantes indocumentados pagaron 96.7 mil millones de dólares en impuestos federales, estatales y locales en el año 2022.

La mayor parte de esa cantidad, 59.4 mil millones de dólares, se pagó al Gobierno federal, mientras que los 37.3 mil millones restantes se destinaron a los gobiernos estatales y locales. 

Según estas cifras, reportadas por el ITEP, los inmigrantes indocumentados pagaron un promedio de 8,889 dólares por persona en impuestos federales y estatales ese año.

 En otras palabras, por cada millón de inmigrantes indocumentados que residen en el país, los servicios públicos reciben 8.9 mil millones de dólares adicionales en ingresos fiscales.

Ande la pregunta de si es cierto que el IRS piensa divulgar todos los datos que tiene en los ITINs sobre el estatus legal de los contribuyentes, Galvez ha aclarado que lo que el Departamento de Impuestos ha hecho es un acuerdo con el Gobierno, según el cual, el IRS dará la información sobre los datos de los poseedores de un ITIN cuando tengan ordenes de deportación, y de quienes tengan antecedentes penales; aclaró que es una medida que ha existido desde siempre y no es nueva.

En la misma línea, recordó que el Servicio de Inmigración también tiene derecho a pedir información de los Departamentos de “Motor Vehicle”; especialmente en estados donde se expiden permisos de conducción a personas sin estatus migratorio legal.

También recomienda  ser muy cuidadosos con las compañías de teléfono, ya que estas suelen vender los listados y la información de todos los que han comprado líneas telefónicas; y el Gobierno puede comprar y tener acceso a estas listas, por lo cual, una medida de cautela recomendada es no poner las líneas telefónicas bajo el propio nombre, lo cual hace a la persona rastreable a través del GPS del aparato, si no preferiblemente bajo el de un amigo o familiar con estatus legal regular.

Ante la revocación del TPS (Tratado de Protección Temporal) para los venezolanos, haitianos, cubanos y nicaragüenses, la eliminación del “parole” humanitario y otras políticas disuasivas, inclusive frente a la inmigración legal, es necesario también mantenerse al día, a pesar de una vorágine constante de nueva información.

Recomienda que si alguien tuvo un caso bien fundamentado durante la obtención de su TPS, que trate de “saltar” pronto hacia la obtención de un estatus menos temporal; aunque aconsejó no hacerlo si el caso es “débil”; porque aumenta mucho la probabilidad de que sea negado, y de que entre en el túnel de la deportación expedita.                                                               

Galvez hace énfasis en su advertencia de no caer en las “trampas” que considera que están utilizando ante la desesperación de que ya se les acabaron los delincuentes por deportar, como por ejemplo auto deportarse y avisar al gobierno en la APP que ofrecen para ello, o registrarse si es mayor de 14 años, si no cuenta ya con un caso abierto en migración.

También considera que lo que les sucedió a los venezolanos y salvadoreños, que terminaron en una cárcel para “terroristas” en El Salvador podría ocurrirles, por ejemplo, a los mexicanos, ya que también varios grupos del crimen organizado ahora son considerados terroristas.

El abogado cree que ya se está viviendo una crisis constitucional por el desacato a la orden de un juez que trataba de evitar las deportaciones a la cárcel de El Salvador.

Y es que, aunque la Constitución no solo protege al ciudadano y al residente, sino también al inmigrante, y al indocumentado, lo que ha venido sucediendo va en contra de lo que se debería respetar, es decir su presunción de inocencia, y no debería ser sujeto de deportación por el mero hecho de ser un indocumentado de cierta nacionalidad, con algunos tatuajes, para condenarlo como miembro de una pandilla.

Galvez puntualizó que las leyes son para proteger al más vulnerable; por lo cual, no importa si fueran solo 5 inocentes entre doscientos deportados. “Los derechos de cada uno de esos cinco son preciosos e inviolables”.

Galvez concluyó recordando el riesgo que existe de que Estados Unidos, que ha sido “la democracia más exitosa en la historia del mundo”, realmente se encuentre en peligro de derrumbarse ante los intentos de la presente Administración de pasar por encima de los otros dos poderes para imponer decisiones autocráticas, que pueden subvertir el orden legal y desatar una crisis institucional de proporciones mayúsculas.