La secretaria de Seguridad Nacional de Estados Unidos, Kristi Noem, visitó el miércoles la prisión de alta seguridad en El Salvador donde se encuentran detenidos venezolanos que, según alega el gobierno de Trump, son miembros de la pandillas que permanecen retenidos desde su expulsión de Estados Unidos. El recorrido incluyó dos bloques de celdas hacinadas, el arsenal y una unidad de aislamiento.

El viaje de Noem a la prisión —donde los reclusos están hacinados en celdas y nunca se les permite salir— se produce mientras el gobierno estadounidense busca demostrar que está deportando a personas que describe como «lo peor de lo peor».

El gobierno de Estados Unidos argumenta ante un tribunal federal que el envío de venezolanos a El Salvador era justificado, mientras que los defensores de derechos humanos afirman que las autoridades los han enviado a una prisión plagada de abusos a los derechos humanos.

En la prisión, Noem recorrió un área que alberga a algunos de los venezolanos acusados de pertenecer a pandillas. Dentro del caluroso edificio, los hombres vestidos con camisetas y pantalones cortos blancos miraban en silencio desde su celda sin hacer ruido.

Cuando Noem salió del edificio, se pudo escuchar a los hombres gritando.

En un bloque de celdas que alberga a prisioneros salvadoreños, alrededor de una docena estaban rodeados por guardias cerca del frente de su celda y se les pidió que se retiraran las camisetas y las mascarillas. Los hombres tenían muchos tatuajes, algunos con las letras MS, que representan a la pandilla Mara Salvatrucha, en sus pechos.

Después de escuchar a los funcionarios salvadoreños, Noem le dio la espalda a la celda y grabó un mensaje en video.

Si un inmigrante comete un crimen, «esta es una de las consecuencias que podría enfrentar”, dijo Noem. “Primero que nada, no vengas a nuestro país de manera ilegal. Serás expulsado y serás procesado. Pero tengan en cuenta que esta instalación es una de las herramientas en nuestro kit que utilizaremos si cometen crímenes contra el pueblo estadounidense”.

El Departamento de Seguridad Nacional señaló el miércoles en la red social X que continuaría trabajando con El Salvador, asegurando que Noem tenía previsto discutir la manera en que Estados Unidos puede “aumentar el número de vuelos de deportación y las expulsiones de criminales violentos de Estados Unidos” durante su visita con el presidente Nayib Bukele.

Desde que asumió el cargo, Noem ha liderado con frecuencia los esfuerzos para destacar la represión de la inmigración. Participó en operaciones de control migratorio, montó a caballo con agentes de la Patrulla Fronteriza y fue la imagen de una campaña televisiva advirtiendo a las personas que viven en Estados Unidos sin permiso de residencia que se autodeporten.

La visita de Noem el miércoles forma parte de un viaje de tres días. También viajará a Colombia y México.

Los venezolanos detenidos fueron expulsados de Estados Unidos este mes después de que Trump invocó la Ley de Enemigos Extranjeros de 1798 y dijera que Estados Unidos estaba siendo invadido por la banda Tren de Aragua. La Ley de Enemigos Extranjeros otorga al presidente poderes en tiempos de guerra y permite que los no ciudadanos sean deportados sin la oportunidad de comparecer ante un juez de inmigración o federal.

En un revés para el gobierno, un tribunal de apelaciones mantuvo el miércoles una orden que les prohíbe deportar a más inmigrantes venezolanos a El Salvador bajo la Ley de Enemigos Extranjeros.

Una pregunta clave pendiente sobre el estatus de los deportados es cuándo y cómo podrían ser liberados de la prisión, ya que no están cumpliendo condenas. Ya no aparecen en el localizador de detenidos en línea del Servicio de Control de Inmigración y Aduanas de Estados Unidos (ICE por sus iniciales en inglés) y no han comparecido ante un juez en El Salvador.

El gobierno de Trump se refiere a ellos como “lo peor de lo peor”, pero no ha identificado a los deportados ni presentado evidencia de que fueran miembros de pandillas.

Los familiares de algunos de los deportados han negado categóricamente que pertenezcan a alguna pandilla. El gobierno venezolano y un grupo llamado el Comité de Familias de Inmigrantes en Venezuela contrataron a un abogado para ayudar a liberar a los detenidos en El Salvador. Un abogado del despacho que actualmente representa a unos 30 venezolanos, dijo que no son miembros de pandillas y no tienen antecedentes penales.

El gobierno de Estados Unidos ha reconocido que muchos de ellos no tienen tales antecedentes.

Los vuelos estaban en el aire el 15 de marzo cuando un juez federal emitió una orden verbal que prohibía temporalmente las deportaciones y ordenó que los aviones regresaran a Estados Unidos.

El gobierno de Trump ha argumentado que las instrucciones verbales del juez no contaban, que sólo debía acatarse su orden escrita y que no podía aplicarse a vuelos que ya habían salido de Estados Unidos.

La secretaria de prensa de la Casa Blanca, Karoline Leavitt, dijo a los periodistas que alrededor de 261 personas fueron deportadas en los vuelos, incluidas 137 bajo la Ley de Enemigos Extranjeros.

Bukele inauguró la prisión en 2023 y ha hecho de las inhóspitas y estrictas prisiones del país centroamericano una marca registrada de su lucha contra el crimen. La instalación cuenta con ocho pabellones extensos y puede albergar hasta 40.000 reclusos. Cada celda puede albergar de 65 a 70 prisioneros.

Los prisioneros no pueden recibir visitas. No hay talleres ni programas educativos.

El Salvador no tiene relaciones diplomáticas con Venezuela desde 2019, por lo que los venezolanos encarcelados allí no tienen apoyo consular de su gobierno.

Un video publicado por el gobierno de El Salvador después de la llegada de los deportados mostró a hombres saliendo de aviones hacia una pista de aeropuerto flanqueada por agentes con equipo antimotines. Los hombres, que tenían las manos y los tobillos encadenados, caminaban con dificultad mientras los agentes empujaban sus cabezas hacia abajo.

Más tarde se les mostró en la prisión arrodillados en el suelo mientras les afeitaban la cabeza antes de cambiarse al uniforme completamente blanco de la prisión —pantalones cortos hasta la rodilla, camiseta, calcetines y zuecos de goma— y ser colocados en celdas.

El Salvador lleva tres años bajo un estado de emergencia que suspende derechos fundamentales mientras Bukele libra un asalto total contra las poderosas pandillas callejeras del país. Durante ese tiempo, unas 84.000 personas han sido arrestadas, acusadas de vínculos con pandillas y encarceladas, a menudo sin el debido proceso.

Bukele ofreció albergar a los deportados de Estados Unidos en la prisión cuando el secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio, visitó el país en febrero.

En la prisión, el ministro de Justicia de El Salvador, Gustavo Villatoro, le mostró a Noem una celda que alberga a salvadoreños que, según dijo, han estado allí desde que se abrió la prisión. “Nadie espera que estas personas puedan volver a la sociedad y comportarse”, subrayó.